El Ejecutivo de coalición da luz verde en segunda vuelta a la norma que busca poner tope a los precios del alquiler. Se ha fijado un máximo de 18 meses para que entre en vigor la regulación de las zonas tensionadas.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Ley estatal por el derecho a la vivienda. Un texto que se ha retrasado varias semanas porque se esperó a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elaborara un informe —que finalmente fue desfavorable— y que ahora inicia una tramitación parlamentaria que no se prevé fácil.
El texto pactado por el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales ha visto la luz con la regulación de los alquileres entre sus puntos más polémicos, un asunto que al mismo tiempo más rechazo suscita en el sector inmobiliario.
El Ejecutivo remitirá ahora el texto al Congreso para su tramitación de urgencia. Repasamos todas las claves de la nueva norma.
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Limitación del precio del alquiler en las zonas tensionadas
Lo más llamativo de la norma es que el Ejecutivo permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, en función de un índice oficial, a las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas. Al resto de propietarios, se les limita el incremento de precios al 10% sobre la última renta del contrato anterior.
La distinción entre arrendadores que son personas físicas y jurídicas no ha gustado a las organizaciones sociales impulsoras de la ley, que se han movilizado en varias ocasiones para pedir esa y otras modificaciones.
El movimiento de vivienda reclama que los municipios tengan autonomía para declarar zonas tensionadas
La declaración de zonas tensionadas corresponderá a las comunidades autónomas, a petición de los municipios, que lo podrán solicitar si la renta de alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar y si en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC.
El movimiento de vivienda quiere que la declaración de zona tensionada se pueda pedir solo con que se cumpla una sola de esas dos condiciones, en lugar de las dos simultáneamente. Reclaman también que los municipios tengan autonomía para aprobar la declaración y no dependan de la autorización del correspondiente gobierno regional.
Desgravaciones fiscales
Como mecanismo de contención de rentas, el anteproyecto de ley establece también para los nuevos contratos una desgravación general del 50% en el IRPF, modulable en función de diversos criterios hasta el 90% de bonificación máxima para los caseros que rebajen un 5% el precio de sus alquileres.
Viviendas vacías
El texto define la vivienda vacía como aquella que esté desocupada más de dos años y sea de propietarios con un mínimo de cuatro viviendas, y da la posibilidad a los ayuntamientos de aplicarles un recargo de hasta el 150% de la cuota líquida del IBI para incentivar su puesta en el mercado.
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Vivienda social y protegida
Para incrementar el parque público, establece la reserva del 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones para vivienda pública y, de ese porcentaje, la mitad debe ser para alquiler.
Crea también junto a la vivienda protegida la figura de la «vivienda asequible incentivada», como aquella de titularidad privada con beneficios urbanísticos y fiscales destinada al alquiler a precios reducidos.
