- El comisario Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, implica a los jueces de la Audiencia Nacional en la práctica ilegal
- La confesión fue realizada durante su interrogatorio como imputado en la operación contra la entramado que lidera presuntamente el comisario Villarejo
- “Yo llamo a la compañía y a través de un amigo me lo da”, declara el policía en la Audiencia Nacional sobre la petición de la titularidad de teléfonos ‘anónimos’
Sede de los servicios centrales de la Policía Nacional en el barrio de Canillas (Madrid)
El comisario Enrique García Castaño fue hasta febrero del pasado año el responsable de la unidad antiterrorista encargada de los sistemas de escucha y grabación, de captación de fuentes y de cualquier “encargo especial”, asignación ésta última asumida en el seno de la Policía a pesar de no ser oficial. García Castaño declaró el pasado 13 de julio como imputado por integrar la organización criminal del comisario José Manuel Villarejo y durante su comparecencia en la Audiencia Nacional aseguró que conseguía la titularidad de números de teléfono anónimos sin autorización judicial, a través de sus contactos en las compañías telefónicas.
García Castaño, conocido en la Policía como ‘El Gordo’, alude a investigaciones contra ETA, aunque su comentario no aclara que sean las únicas en las que ha actuado de esa manera. Lo que sí afirma es que actuaba inducido por jueces de la Audiencia Nacional, el tribunal ante el que declaraba por haber vendido presuntamente ese y otro tipo de información confidencial a su colega Villarejo. Por primera vez, y en sede judicial, un mando policial reconoce este tipo de práctica ilegal para el asombro del fiscal Anticorrupción que le interroga. Tras la declaración, el juez De Egea lo dejó en libertad con medidas cautelares.
En un punto del interrogatorio, el fiscal Miguel Serrano pregunta a García Castaño por las peticiones de titularidad de teléfono que el comisario Villarejo hacía al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y que éste obtenía sin orden del juzgado. Lo que sigue es la respuesta del comisario imputado, adelantada por el diario Abc (1): “No se hacía con mandamiento judicial. La forma de trabajo que hay aquí, en la Comisaría General de Información, en otros muchos lados; y en esta casa, en la Audiencia Nacional… si cada vez que yo pido un titular de un telefóno, hablando de ETA, por ejemplo, que aparece en un listado de 20 teléfonos (…), eso ha pasado… y yo llamo a la compañía, y la compañía a través de el amigo de la compañía te lo da, aquí se acepta. Si vengo aquí, los propios jueces me dicen: “Enrique, ¿tú no tienes capacidad acceso con el trabajo que tú haces para pedirlo y no venir aquí a jodernos?”.
La respuesta provoca que el fiscal Serrano pida una aclaración. “¿Está usted diciendo que la Audiencia Nacional consentía atajos?”. Y el comisario contesta: “Yo no digo que consintiera atajos, si no lo que me decían los jueces”. En ese punto, según señalan a eldiario.es fuentes jurídicas, el magistrado de Egea pide al fiscal que se circunscriba a la investigación y pase a otro punto del interrogatorio. El representante del Ministerio Público lo hace, no sin antes advertir que ha sido el imputado quien ha introducido la cuestión de la relación con las compañías telefónicas y el conocimiento de las irregularidades por parte de los jueces de la Audiencia Nacional.
Comisarios en el Ibex
Los puestos de jefe de seguridad de las grandes compañías del Ibex han estado tradicionalmente copados por comisarios en excedencia, que se pasan a la empresa privada con suculentas ofertas económicas. Pasa en todos los grandes bancos, en las constructoras y también en las compañías de telecomunicaciones. eldiario.es se ha puesto en contacto con las tres grandes operadoras telefónicas del país, que han negado cualquier práctica fuera de la legalidad, también la que describe García Castaño, tanto en el pasado como en la actualidad. La Dirección General de la Policía prefirió guardar silencio por existir una investigación judicial abierta.
Las grabaciones que han provocado la imputación de Enrique García Castaño en una causa separada de la Operación Tándem fueron halladas en el domicilio de Villarejo durante su detención en noviembre pasado. Se remontan a 2005 y en ellas ambos policías parecen negociar la entrega de cantidades económicas. La Fiscalía cree que uno suministraba información confidencial de ciudadanos, a las que tenía acceso en función de su cargo, y que el otro pagaba por utilizarlas en los dosieres que luego vendía a particulares a precios estratosféricos.
‘El Gordo’ fue detenido el 11 de julio pasado. Dos días después pasó a disposición judicial y aseguró ante el juez que, en realidad, él y Villarejo hablaban de las cantidades que éste último prestaba a la Policía para pagar a confidentes. García Castaño asegura que de esa práctica sabían sus superiores en la Comisaría General de Información y los directores adjuntos operativos, el uniformado de mayor poder en la Policía.
La detención del histórico comisario García Castaño cayó como una bomba en el seno de la Policía y provocó otro enfrentamiento entre el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6, Diego de Egea, y los fiscales Anticorrupción. De Egea se opuso al arresto y prefería simplemente citar como imputado a García Castaño. La detención se produjo así por orden de la Fiscalía, que en compañía de agentes de Asuntos Internos registraron su domicilio.
Los fiscales Serrano e Ignacio Stampa solicitaron prisión incondicional, pero De Egea dejó en libertad a García Castaño con medidas cautelares. Además, rechazó que Big, como había bautizado Villarejo al archivo referente a su colega ‘El Gordo’, fuera una pieza separada de Tándem y ordenó una investigación aparte.
Un hilo para investigaciones interminables
Fuentes de la lucha antiterrorista explican la utilidad de una práctica como la que describe García Castaño en su declaración. En un registro pueden incautarse agendas de teléfono o anotaciones sin que se conozca quién es el titular de la línea anotada. También ocurre que un investigado, al que se le tiene intervenido el teléfono con autorización judicial, llame a otras personas desconocidas que son relevantes para las pesquisas. En ese punto habría entrado la práctica ilegal de la que habla el comisario.
Las grabaciones realizadas por Villarejo durante décadas mantienen en vilo a destacados miembros de la clase política, empresarial y del estamento jurídico. Desde la detención del policía en noviembre, distintas instituciones del Estado se han visto afectadas por las revelaciones que guardan los archivos del comisario.
Las confesiones que aparecen de la examante del rey Corinna Zu Sayn Wittgenstein motivaron la apertura de una pieza separada que ya ha sido archivada. En esos audios, la comisionista alemana acusa al rey de participar en actividades sospechosas de constituir cohecho y blanqueo de capitales, entre otros posible delitos. La pieza fue archivada por el juez, con acuerdo de Anticorrupción, por la debilidad de los indicios y la inviolabilidad que cubre al rey emérito por los hechos ocurridos antes de su abdicación. La acusación popular, que ejerce Podemos, ha recurrido dicho archivo.
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- En relación al artículo de Abc: El Gordo, ante el juez: «Estaba autorizado por los DAO para dar a Villarejo todos los datos que pidiera»
