Más de 170 organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales piden al Gobierno de coalición que cumpla su promesa y derogue la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, utilizada en el estado de alarma para imponer propuestas de sanción a un millón de personas.
Policía en el centro de Madrid el primer día del estado de alarma en la ciudad // Álvaro Minguito
El 30 de marzo de 2015 fue aprobada y el 1 de julio de aquel año entró en vigor. La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, lleva cinco años en el ordenamiento jurídico español y ha sobrevivido a cuatro campañas electorales, en las que las promesas de reforma o derogación han estado siempre presentes.
Lejos de cumplir con esas promesas, la Ley Mordaza ha sido utilizada por el Gobierno durante el estado de alarma como base jurídica para imponer propuestas de sanción a un millón de personas.
En el acuerdo programático de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos se comprometían a aprobar “a la mayor brevedad” una ley que sustituya a la Ley Mordaza “para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. Pero hasta ahora poco se ha avanzado al respecto.
Tras cinco años desde su entrada en vigor, “la Ley Mordaza sigue campando a sus anchas”, denuncia la coalición formada por Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y Greenpeace. En un manifiesto firmado por otras 170 organizaciones, señalan que desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana “los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, información y manifestación, han sufrido un claro retroceso”.
En el caso de las denuncias y sanciones durante el estado de alarma, estas organizaciones ponen en duda que este marco jurídico garantice “los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales”. Una afirmación que se ha visto confirmada en centenares de vídeos y noticias de abusos policiales.
“Cada año que ha pasado con la Ley Mordaza en vigor hemos recordado la necesidad urgente de reformarla, para tener en su lugar una nueva legislación en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Y en los últimos años hemos reclamado la necesidad de que el Gobierno cumpla lo que tantas veces ha prometido hacer”, denuncian en esta carta abierta.
«Será con la presión ciudadana, de organizaciones y colectivos como conseguiremos que de una vez por todas este quinto cumpleaños de la Ley Mordaza sea de verdad el último”
En un llamamiento a otras organizaciones sociales para que se adhieran a la campaña, reivindican la acción colectiva para acabar con esta medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy: “Será con la presión ciudadana, de organizaciones y colectivos como conseguiremos que de una vez por todas este quinto cumpleaños de la Ley Mordaza sea de verdad el último”.
En sus cinco años de historia, la Ley Mordaza ha tenido dos momentos álgidos: las movilizaciones que siguieron al referéndum del 1 de octubre en Catalunya y el estado de alarma provocado por la crisis del covid-19. Entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2018, los diferentes cuerpos policiales han abierto 765.416 expedientes sancionadores, con los que el Estado ha recaudado 415,5 millones de euros. El Ministerio del Interior todavía no ha hecho público los datos de los años más recientes.
Greenpeace califica la Ley Mordaza “como el mayor recorte de libertades de la historia democrática de nuestro país”, ya que considera la protesta pacífica “como una amenaza”
El uso político de la Ley Mordaza para sancionar distintos tipos de disidencia pacífica y usos de la libertad de expresión ha sido criticado por diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos. Greenpeace lo califica “como el mayor recorte de libertades de la historia democrática de nuestro país” al considerar “la protesta pacífica como una amenaza y no como una parte consustancial a la convivencia democrática”.
Para Amnistía Internacional, la Ley Mordaza se ha utilizado en el estado de alarma para sancionar “de manera arbitraria” a miles de personas sin “observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales” de derechos humanos. “Al salir a la calle, ¿has tenido alguna vez esa sensación, al encontrarte con la policía, de no saber cómo va a actuar contigo? ¿Te has preguntado si a pesar de cumplir con las normas podrías ser la próxima persona en unirse al club del millón de sanciones ya propuestas?”, se preguntan desde esta ONG.
La “auténtica seguridad ciudadana”, tal como está demostrando la reciente crisis del covid-19, sostienen desde esta organización ecologista, “tiene más que ver con otros aspectos, como poder acceder a servicios públicos de calidad o tener cubiertas las necesidades básicas. Por ello resultan tan necesarias las voces críticas que salen a las calles a señalar las debilidades de nuestro actual sistema y a exigir medidas de justicia social y ambiental”.
“Al salir a la calle, ¿te has preguntado si a pesar de cumplir con las normas podrías ser la próxima persona en unirse al club del millón de sanciones ya propuestas?”, se preguntan desde Amnistía Internacional
No Somos Delito, una de las plataformas que ha liderado la lucha contra la Ley Mordaza, considera que con la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en un contexto de movilización ciudadana heredado del 15M, “se avanzó en la dirección errónea reduciendo el espacio cívico, poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información, aumentando las sanciones a formas legítimas de protesta, así como la cuantía de otras sanciones ya existentes».
Muchas de estas sanciones, continúan desde No Somos Delito, se han producido en contextos de protestas pacíficas, por ejercer la libertad de expresión o el derecho de información en aplicación de una ley que “ampliaba los poderes de la policía sin establecer a su vez mecanismos independientes de control policial y rendición de cuentas”. La Ley Mordaza, junto con la contemporánea reforma del Código Penal, han tenido un “impacto preocupante en el derecho a la libertad de expresión”, según afirma esta plataforma: “La posibilidad de ser multado, inhabilitado para empleos públicos e incluso ser enviado a prisión, está teniendo una consecuencia clara: una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibitorio en la libertad de expresión en España”.
A pesar de que la mayoría de los grupos parlamentarios, recuerdan desde No Somos Delito, “se habían comprometido a reformarla», la Ley Mordaza sigue intacta
A pesar de que la mayoría de los grupos parlamentarios, recuerdan desde No Somos Delito, “se habían comprometido a reformar esta ley”, y a pesar de que el Congreso aprobó impulsar en noviembre de 2016 y enero de 2017 dos propuestas de reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza sigue intacta.
El 15 de marzo, un día después del inicio del estado de alarma, The New York Times preguntó la ministro Fernando Grande-Marlaska sobre la promesa de derogar la Ley Mordaza. “No es el momento”, respondió.
