Una paciente inmovilizada en su casa desde 2019 decidió poner fin a su vida en el barrio zaragozano de Las Fuentes después de estar meses sin respuesta ante su solicitud de muerte digna.
Celebración por la probación de la Ley de Eutanasia con las asociaciones y los partidos politicos // PSOE (Inma Mesa)
Una mujer de 83 años se suicidó el sábado lanzándose a la calle desde el balcón de su piso en el barrio zaragozano de las Fuentes tras meses de silencio administrativo ante su solicitud de acogerse a la eutanasia, según ha difundido esta semana la asociación Derecho a Morir Dignamente de Aragón.
Emilia se veía afectada por una luxación de cadera congénita sin posibilidad de mejora que le obligaba a permanecer postrada en el sofá o la cama de su vivienda sin ascensor desde hace tres años, y había presentado la documentación para poder acceder a la eutanasia el 8 de julio, un mes después de haber entrado en vigor la Ley Orgánica de Regulación de la eutanasia.
Según denuncia Derecho a Morir Dignamente, la mujer reunía todos los requisitos y había presentado toda la documentación a su médica de cabecera en el centro de salud de Torre Ramona, que en dos ocasiones se negó a admitirla. A través de su hija, que ha sido la persona encargada de hacer los trámites, Emilia se puso en contacto tanto con el coordinador del centro de salud como con la oficina de administración de la gerencia, sin que en ningún momento hayan recibido una respuesta escrita sobre el estado del expediente.
En declaraciones a la cadena Ser, Consuelo Miqueo, de Derecho a Morir Dignamente, ha precisado que este silencio administrativo supone una “ilegalidad flagrante” con respecto a lo dispuesto en la ley. Miqueo resalta que existe el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales médicos, pero que estos tienen la obligación de firmar el documento “en calidad de testigo” para incluir la solicitud en la historia clínica del paciente, momento en que otro profesional debe hacerse cargo del proceso.
El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón asegura que la tramitación de este caso se encontraba “en la fase de búsqueda de un segundo facultativo, por parte de la Dirección de Atención Primaria del sector”. Derecho a Morir Dignamente tendrá una reunión con la Consejería de Salud el miércoles 10 para tratar sobre lo sucedido.
Miqueo destaca a la cadena Ser que “otros casos sí están saliendo adelante”, y informa de la labor de acompañamiento que la asociación está realizando para estos trámites.
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