El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique //
Unidas Podemos ha logrado este martes poner en marcha la tramitación en el Congreso de los Diputados de su proposición de ley de salud mental, la primera de estas características en España, con un amplio apoyo parlamentario. La propuesta ha sido finalmente aceptada por su socio en el Gobierno, el PSOE, que inicialmente había mostrado reticencias al estar preparando una estrategia nacional, y no una ley, a la que se comprometió el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la Cámara Baja.
El grupo confederal ha logrado además que la proposición sea tomada en consideración al final del Pleno de este martes con el apoyo adicional de ERC, Ciudadanos, EH Bildu y Más País, y con los únicos votos en contra de PNV –principalmente por una cuestión competencial, pero también al no ver necesaria una ley específica– y Vox. El PP, que ha considerado innecesaria la normativa al juzgar mejor una estrategia nacional, ha decidido abstenerse asegurando no estar de acuerdo «en la forma, pero sí en el fondo»: la necesidad de impulsar políticas públicas que aborden la creciente problemática de la salud mental, agravada por la pandemia. Finalmente, la propuesta ha tenido 194 votos a favor, 10 en contra y 141 abstenciones.
El encargado de defender la iniciativa ha sido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que ha considerado que la salud mental es «una cuestión de Estado» ya que pese a la importante afección en la ciudadanía «el despliegue de recursos públicos» para afrontarla «brilla por su ausencia» y a que «las instituciones públicas no han estado a la altura». Echenique ha recordado que las ratios de profesionales de la salud mental en los países europeos triplican a los españoles y ha celebrado que la proposición registrada recoja un «compromiso firme de aumentar las ratios».
Además, ha recordado que el texto contempla «obligaciones para luchar contra el estigma y la discriminación» de las personas que sufren enfermedades mentales, incorpora planes de «prevención del suicidio» y enumera una serie de derechos de las personas con problemas de salud mental. También ha recordado las causas económicas del incremento de las enfermedades mentales, en un contexto en el que han aumentado las desigualdades y la precariedad de los trabajadores.
Críticas por la falta de unidad de los socios
Desde el PSOE, la diputada Carmen Andrés ha aceptado abordar la crisis de la salud mental con la toma en consideración de la proposición de ley de Unidas Podemos, ha recordado el «compromiso» de Pedro Sánchez con la misma y ha arremetido contra el PP porque cuando los ‘populares’ estuvieron en la Moncloa «la salud mental quedó en un limbo».
Rosa Romero, la portavoz del partido de Casado, ha remarcado no obstante que a su juicio «la mejor ley de salud mental es la ley de Presupuestos», y ha criticado que sea uno de los socios –en este caso Unidas Podemos– el que presente la ley y no sea una normativa conjunta del Gobierno.
Las fuerzas de la izquierda independentista han querido hacer hincapié en los «factores estructurales» de la sociedad que han agravado la problemática de la salud mental. Iñaki Ruiz de Pinedo, de EH Bildu, ha destacado la «presión del individualismo y del neoliberalismo», Albert Botran, de la CUP, ha asegurado que las mentales son «dolencias sociales» y Francesc Eritja, de ERC, que ha destacado que la COVID ha empeorado el escenario, ha confiado en que durante la tramitación parlamentaria se aborde el marco competencial para respetar la autonomía de los gobiernos de las comunidades y se fije una financiación suficiente que permita desarrollar la normativa.
Precisamente ese choque competencial ha promovido el ‘no’ del PNV, que ha recordado que los recursos humanos de los sistemas sanitarios son competencia de las comunidades y que además ha considerado que una ley específica sobre salud mental puede resultar «estigmatizante» respecto a otras patologías. Josune Gorospe, la diputada nacionalista vasca que ha intervenido durante el Pleno, ha abogado por un plan integral de salud mental en lugar de una ley.
