- Es un paso previo antes de iniciar la vía del contencioso-administrativo
- La demanda se justifica «por su falta de independencia e incumplimiento de la normativa comunitaria y nacional»
Miembros de la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 con pancartas de protesta // Europa Press
La plataforma de víctimas del accidente del Alvia ocurrido en julio de 2013 en Angrois (Santiago) demandará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por «la negativa a investigar» el siniestro ferroviario, que provocó 80 muertas y más de 100 heridos.
Coincidiendo con la presentación de esta demanda, paso previo al inicio de un contencioso-administrativo, la plataforma realizará una concentración frente al ministerio este viernes, de 11,30 a 12,30 horas.
En concreto, el motivo es la entrega y registro en Transportes de la documentación correspondiente al inicio de los trámites para demandar al departamento de José Luis Ábalos y a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) «por su falta de independencia e incumplimiento de la normativa comunitaria y nacional en relación con la investigación de la tragedia».
Tras el procedimiento de infracción abierto a España por la Unión Europea y «la negativa a investigar la tragedia, como exige Europa», la asociación de afectados cuenta con acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo, si bien, «por imperativo legal«, primero presentará varias peticiones en vía administrativa.
La única investigación realizada hasta el momento por la CIAF señaló al maquinista como el único responsable, por circular con un exceso de velocidad antes de tomar la curva de A Grandeira.
La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea censuró este informe por falta de independencia y tanto el Parlamento Europeo como la Comisión han instado en reiteradas ocasiones al Estado español a que acometiese una nueva investigación que sí sea independiente y profundice en las causas del siniestro.
Sin fecha prevista para el juicio, el instructor volvió a decidir el cierre de las pesquisas (pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial sobre los recursos) con dos imputados, el maquinista y el exresponsable de seguridad de Adif, la empresa pública encargada de la infraestructura ferroviaria, en la que afirma que no hubo una correcta evaluación del riesgo.
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