El sector, que emplea a más de 55.000 personas, alcanza un preacuerdo para un nuevo convenio tras encadenar huelgas y manifestaciones desde mayo. Así ha sido la lucha sindical y social que lo ha hecho posible.
EUSKADI// El bilbaíno Javier Etayo empezó a trabajar a los 12 años pintando caricaturas y escribiendo artículos para una revista de los jesuitas. A los 15, ya estaba doblando el lomo en los Altos Hornos de Bizcaia, donde pasó 25 años en la misma empresa antes de “empezar a rodar y rodar, como dice la canción”, ironiza. Etayo es uno de los impulsores del movimiento de pensionistas, que nació en Bilbao en enero de 2018 como respuesta a la indignación que provocó que la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, gastase cuatro millones de euros en enviar una carta a 8,5 millones de personas para “explicarles lo agradecidas que tenían que estar al gobierno del PP por subirles la pensión un 0,25%”, resume con sorna este hombre que se jubiló tres días después de cumplir 65 años. Y “ese rodar y rodar” de una empresa a otra al que se refiere, que él vio nacer como política empresarial tras la desindustrialización de los 80, es la situación cada vez más habitual entre buena parte de los 50.000 trabajadores, directos y subcontratados, de las más de 2.000 empresas del metal radicadas en Bizcaia. Una precarización, sustentada en la creciente subcontratación y eventualidad, que ya es filosofía empresarial en todos los sectores de la economía, y política de Estado gracias a las sucesivas reformas laborales.
Por todo ello, muchos pensionistas, incluido Etayo, se han sumado, como colectivos feministas y LGTBIQ, a las manifestaciones que han convocado los sindicatos y trabajadores del metal desde que en mayo de 2019, tras un año de infructuosas negociaciones con la patronal para aprobar un nuevo convenio, decidiesen ir a la huelga. Al contrario que la mayoría –y numerosas– movilizaciones laborales del sector industrial que llevan sucediéndose en los últimos años en el País Vasco, Asturias o Galicia, los y las trabajadoras del metal vizcaíno no se han movilizado solo ante la amenaza de cierre de sus empresas, aunque solo en los últimos dos años se hayan perdido más de 15.000 empleos en la industria vizcaína, según el Instituto Nacional de Estadística (INE): se han sublevado para exigir un nuevo convenio que, bien analizado, es un manifiesto contra la estandarización de la precarización.
El último convenio del sector del metal aprobado en esta provincia por mayoría sindical, es decir, de obligado cumplimiento para las empresas, es de 2001-2003. El de 2008-2011 fue firmado en minoría por Comisiones Obreras y UGT, por lo que solo tiene el valor de la sugerencia. Los dos sindicatos exclusivamente vascos, ELA y LAB, primero y tercero en representación en el metal, se negaron a firmarlo porque no cumplían sus exigencias. Un escenario que explica que haya trabajadores, una minoría, cobrando menos de 1.000 euros al mes; muchos, entre 1.100 y 1.200 euros por el último convenio; y otros, hasta 3.000 por antigüedad, grados de responsabilidad y porque hay empresas que tienen tablas salariales propias por encima de las acordadas. Y pese a ello, o precisamente por ello, una inmensa mayoría de estos trabajadores –los sindicatos estiman que más de un 80%– han ido, codo a codo, a la huelgas convocadas por la sindical al completo, después de que la patronal les comunicase en enero que no iban a admitir ninguna de sus reclamaciones, y un día después diese una rueda de prensa para comunicar que el 80% del sector está en beneficios.
Porque a la vez que se destruían esos 15.500 empleos industriales en los dos últimos ejercicios, crecía el del sector servicios por el repunte de la construcción (se duplicó el crecimiento entre 2017 y 2018, de un 2,7 a un 5,6%), pero también porque labores administrativas, de limpieza y logísticas de la industria han pasado a ser subcontratadas en el tercer sector, que aumentó un 3% el pasado año. Pese a todo, la industria creció un 2,1% en 2018 y aun así no es ni la sombra de lo que fue: la industria vasca ha pasado de emplear a más de 423.000 personas en 1975 a menos de 190.000 en 2019.
En mayo, todos los sindicatos con representación en el metal (ELA, CCOO, LAB, UGT, ESK, CGT, USO y CNT) acordaron diez demandas de mínimos, presentaron una plataforma común de negociación y anunciaron cinco días espaciados de huelgas en las siguientes semanas, además de manifestaciones en distintas poblaciones. “Veías junta a gente que cobra 35.000 euros anuales con otras que no llega a los 11.000 porque han entendido que la base mínima del sector tiene que ser mejorada”, analiza Mikel Etxebarría, licenciado en Derecho y responsable de Industria y del Metal de Bizcaya de ELA, el sindicato mayoritario en este ámbito. Iratxe Azkue, representante de la federación de Industria de LAB, el tercer sindicato en representación, por detrás de Comisiones Obreras, añade que “la clase trabajadora es consciente de que hoy puedes estar en una empresa buena, pero con la movilidad que hay, mañana se puede estar en una peor, y lo importante es tener una buena base desde la que negociar”.
Porque la peculiaridad de esta movilización es que además de la subida de los salarios de acuerdo a los incrementos del IPC desde 2011, más unos porcentajes variables dependiendo de las condiciones previas en cada empresa, el acuerdo sindical de mínimos exige medidas como que en los casos de subcontratación se mantengan los puestos de trabajo y sus condiciones; en términos de eventualidad, limitar la subrogación de tareas a Empresas de Trabajo Temporal, y similares, a un 10% de la mano de obra; que se afronte la salud y los riesgos laborales; que se acabe con la infracontratación de mujeres y la brecha salarial; y que se desoigan algunos puntos de las últimas reformas laborales –la de 2010 fue aprobada con la abstención del PNV–.
“Esto es una lucha por la redistribución de la riqueza y contra la precariedad, por eso tanta gente simpatiza con ella, porque piensan que si sale bien, quizás después se pueda contagiar a sus sectores”, opina Mikel Etxebarría, de ELA. Tras las huelgas y movilizaciones de junio y, de nuevo, ante la falta de respuestas concretas de la patronal, volvieron a convocar cinco días de huelga, esta vez ininterrumpida, entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre. El seguimiento, según la mesa sindical, fue de más de un 80%. Pero más llamativo resulta, si cabe, que la manifestación convocada en Bilbao reuniese a más de 20.000 personas según la prensa local, “contraria a estas movilizaciones, aliada de la patronal y del gobierno de Euskadi, que se ha erigido como su portavoz”, en palabras de Mikel Etxebarría.
Según un estudio de Jon Las Heras, economista e investigador de la Universidad del País Vasco, en términos proporcionales por población y comparado con los países de la UE, Euskadi sería donde más huelgas se realizan. Y si le sumamos a Navarra, entre el año 2000 y 2017, superaron el 36% de los paros convocados en el Estado español y el 18 % del total de jornadas perdidas, pese a representar solo un 6% de su población asalariada. Es más, según esta misma investigación, la autodenominada ‘mayoría sindical vasca’ (ELA, LAB, Steilas y ESK) hacen que se pierdan 32 veces más jornadas de trabajo por huelga dentro de Euskadi que CCOO y UGT con solo el doble de afiliados. Una de las claves es que estos sindicatos defienden la confrontación como herramienta de lucha «como una búsqueda del empoderamiento de la base para que tome responsabilidad», en palabras de Las Heras.
En opinión de Jon Bernat Zubiri, también economista e investigador de la Universidad el País Vasco, habría que añadir entre los factores que “hay más posibilidades de sustraer partes de las rentas, porque sigue habiendo más riqueza. En otros territorios de España donde los grandes sectores son la construcción y el turismo es más difícil que haya esa capacidad de movilización porque las subidas de salario podrían ser muy bajas por su bajo valor añadido”.
Un argumento que complementa de Las Heras, que no vincula la huelga tanto al hecho de que haya una industria avanzada, ya que también la hay en países como Alemania o Suecia donde la huelga no es necesaria porque utilizan otras herramientas para la negociación. Sí lo es en España, Francia o Italia, donde los paros «tienen también como objetivo la movilización y organización de base».
Asier Goitia empezó a trabajar en el metal con 22 años en 1990. Tras unos años viajando por toda la Península para una empresa de mantenimiento, fue contratado por Pine Instalaciones y Montajes S.A., en la que lleva 25 años, gran parte de ellos como delegado sindical de LAB, aunque no había estado liberado hasta ahora, cuando está dedicado de pleno a estas negociaciones. “A pesar de que el sector ha crecido económicamente en los últimos años, quieren quitar todo lo conseguido porque muchas empresas de alrededor pagan peor, la competencia es brutal y se nos acusa de que parte de la responsabilidad es nuestra porque tenemos mejores condiciones. Y que, por eso, hay que empezar a reducir porque los que vienen por detrás nos van a quitar el trabajo”, explica en la sede bilbaína de LAB.
En su empresa, según cuenta, la huelga fue seguida por más del 75%: «Paramos la producción, el mantenimiento, hasta el personal de oficina está saliendo”, explica. Pero hacer huelga, además de la pérdida económica intrínseca, también se expone a la creciente criminalización que ha supuesto la llamada Ley Mordaza. “A nosotras nos constan tres imputados por atentado contra la autoridad, seis multas, heridos, identificaciones masivas, registros de coches, despidos por hacer huelga y amenazas en este sentido. Y esto son solo cifras de las huelgas de junio. De las de septiembre aún no nos han llegado, pero sabemos que serán más”, denuncia Iratze Azcúe.
El origen de la degradación industrial
“Cuando España entra en la Unión Europea en el 86 es a condición de que se desindustrialice y asuma el desarrollo de sectores asignados, como el agrícola. Desde el siglo XIX los países centrales obligan a los periféricos a que sean su matriz agrícola, y ahora también turística. Sectores de bajo valor añadido, estacionales, precarizados. Mientras, Francia y Alemania han mantenido su industria. Y cuando llegan crisis, como ahora en Alemania, que está creciendo al 0,5%, abaratan el euro para hacer más ventajosas sus exportaciones y mejorar su competitividad internacional. Por eso se quedaron con el control de la política monetaria”, explica Bernat.
Y lo peor está por venir: “Los principales clientes de la industria vasca son Alemania, en gripe económica, como Italia; Estados Unidos, donde Trump está imponiendo el proteccionismo, Reino Unido, inmerso en el Brexit… Estos factores anuncian posibles problemas en breve”. La respuesta, en su opinión, sería la inversión , pero “en España ha pasado de un 30 a un 20% entre 2007 y 2017. El capitalismo ha mostrado una falta de patriotismo: cuando tienes que invertir tu dinero te vas a México, Brasil, Argentina… economías emergentes. Si hay que diversificar, crear nuevos sectores competitivos, tienes que invertir. Desde que Zapatero dimitió, España es un barco a la deriva, no hay una política industrial estatal. Una primera medida sería una reforma fiscal, porque tenemos un tipo efectivo nominal, es decir, lo que pagas del montante de beneficios, de un 6%; mientras el IRPF, lo que pagamos de nuestros salarios es de un 15%. Una reforma fiscal recaudaría recursos inversores para la reconversión de estas actividades para que fuesen competitivas. Y esta medida no valdría solo para la industria, sino para todos los sectores”.
“Con esta movilización nos hemos dado cuenta de que pese a la estrategia de la patronal de incentivar el individualismo, sembrar el rechazo a los sindicatos y proponer la negociación del tú a tú, la sociedad está más unida y dispuesta a luchar de lo que pensábamos. Aunque el ambiente sea tenso, porque hacer huelga es duro. Hemos aprendido que tenemos que ir de la mano de otros colectivos: de los pensionistas, del feminista, del LGTBIQ, del movimiento contra la precariedad… Ese es un aprendizaje que, pase lo que pase con el metal, lo vamos a mantener en el futuro porque es la misma lucha”, concluye la representante de LAB, Iratze Azcúe.
Tras la publicación de este reportaje en #LaMarea73, CCOO, UGT y LAB alcanzaron un preacuerdo del nuevo convenio del sector de metal de Bizcaia.
