El Tribunal de Cuentas señala que Libertad Digital no ha informado al organismo de esta facturación, incumpliendo así la Ley Electoral
El líder de Vox Santiago Abascal en una entrevista en esRadio en 2018 // VOX España / Licencia CC0
50.098,06 euros para las elecciones generales del 28 de abril y 38.877,25 euros para la campaña de las europeas del 26 de mayo. En total, 88.975,31 euros entre ambos comicios fue lo que Vox pagó a Libertad Digital S.A., la compañía de comunicación presidida por el periodista Federico Jiménez Losantos. Así lo han revelado dos informes del Tribunal de Cuentas en los que analiza la contabilidad de los partidos para las elecciones del 28A y del 26M de acuerdo con la función fiscalizadora que le encomienda el artículo 134 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Según el Tribunal de Cuentas, Libertad Digital S.A. forma parte de un grupo de “proveedores por prestación de servicios o adquisición de bienes” para Vox que no han informado al respecto a dicho organismo, “incumpliendo lo contemplado en el artículo 133.5 de la LOREG”. En este punto se establece que cualquier empresa que haya facturado con un partido “gastos electorales superiores a 10.000 euros” debe hacerlo saber al Tribunal de Cuentas.
En este grupo de empresas, además de Libertad Digital, se encuentran otras 16 –de ellas, 11 con motivo del 28A, y 5 en el caso del 26M–. Entre estas, destaca una perteneciente a uno de los candidatos de la formación en Zaragoza, que asegura a este medio que regularizará su situación lo antes posible con dicho Tribunal.
Desde Libertad Digital señalan que «un problema administrativo» ha podido ser la causa de que la información no haya llegado al TCu: «Evidentemente subsanaremos el error», aseguran. Respecto al concepto del servicio «como no puede ser de otra manera, se refieren a campañas publicitarias en periodo electoral», han confirmado a este medio. Como viene siendo habitual, desde Vox no han respondido a las preguntas enviadas por La Marea.
Las empresas que han prestado servicios a Vox no son las únicas que aparecen en los informes por no haber informado al TCu de su facturación. Numerosos proveedores de otros partidos también son señalados por el mismo motivo. Entre ellas destacan Viajes El Corte Inglés S.A., Servinform S.A., Hispasat, S.A o Facebook Ireland Limited. Ante esto, el organismo solicita a las formaciones políticas que avisen a las compañías «que les hayan facturado un importe superior a 10.000 euros por operaciones de campaña electoral que aporten al Tribunal de Cuentas la información que deben facilitarle».
Libertad Digital y esRadio son espacios informativos a los que Santiago Abascal y otros líderes de Vox acuden con regularidad. Ello no les ha librado de las críticas de Jiménez Losantos, presentador estrella de la cadena de radio, que ha llegado a lanzar insultos contra algunos de sus primeras espadas.
La relación del PP y Libertad Digital también fue noticia en el pasado después de que este medio apareciese en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas por presuntamente haber recibido más de 400.000 euros de dinero negro de la caja B del Partido Popular. En junio de 2013, durante su interrogatorio con el juez Pablo Ruz, Bárcenas declaró haber comprado acciones de la compañía en 2004, momento en el cual se encontraba en plena ampliación de capital.
«Gastos irregulares» en la campaña
El Tribunal de Cuentas también refleja “gastos irregulares” de Vox por un montante de 158.108,58 euros para las elecciones generales de abril. De estos, 112.488,95 euros corresponden a “gastos por operaciones ordinarias […] cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral”; 2.982,65 euros son “gastos realizados fuera del periodo contemplado”; y 42.636,98 euros corresponden “a gastos de publicidad en prensa, radio u otros medios digitales antes del inicio de la campaña electoral”, algo que está prohibido expresamente por la Ley.
En el caso de las europeas, estos “gastos irregulares” ascendieron a 52.660,85 euros por “operaciones ordinarias” y 54.764,87 euros por “envíos de propaganda electoral” por lo que “no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales”. A pesar de esto, la formación no ha visto reducida su subvención.
