El independentismo siempre ha apelado a la democracia y a la no-violencia y, estratégicamente, no tendría sentido que fuera de otra forma si quiere tener una base amplia que lo apoye
// EFE
La detención de siete independentistas a los cuales se les imputa delitos relacionados con el terrorismo ha producido ya titulares que vinculan el movimiento independentista y el gobierno de la Generalitat con la violencia.
Políticos como Lorena Roldán no han desaprovechado la situación y la semana pasada mostraba en el Parlament de Catalunya fotografías de un atentado de ETA en Vic en 1991, haciendo un claro vínculo entre el terrorismo vasco y el movimiento catalán. Se ha empezado así a crear un marco donde el independentismo se vea como una lucha violenta y, por tanto, ilegítima. Sin embargo, el movimiento independentista siempre ha apelado a la democracia y a la no-violencia, y nunca la ha justificado. Además, debe seguir vigente la presunción de inocencia de los acusados. De hecho, dado el secreto de sumario, las filtraciones que se publican resultan en muchas ocasiones contradictorias. Es prudente esperar a tener mucha más información para no caer en la trampa de asociar el movimiento independentista a la violencia, sobre todo dados los antecedentes producidos en los últimos años.
En la ley antiterrorista de 2/2015 se amplía el delito de lo que se considera terrorismo. Se define como tal si se subvierte el orden constitucional o se desestabiliza el funcionamiento de las instituciones políticas. Con esta modificación producida en el 2015, se englobarían como terroristas una amplitud de acciones que, de entrada, poco tendrían que ver.
Por ejemplo, las acciones realizadas en la marcha de «Rodea el Congreso» serían consideradas delitos terroristas, ya que desestabilizaría el funcionamiento de las instituciones. También se tipifica el delito de desórdenes públicos, delito de sedición y el de rebelión como actos terroristas (aunque las cometan individualmente, si se cometen amparados por una organización). De esta manera, por ejemplo, cualquier acto organizado para cortar una carretera en el marco de una manifestación, estaría clasificado como tal. Esto es lo que les ocurrió a Tamara Carrasco y Adrià Carrasco, detenidos en 2018 por orden de la Audiencia Nacional, a los cuales se les acusaba de rebelión, terrorismo y desordenes públicos.
Estos desórdenes consistían en bloquear vías de comunicación en el contexto de una manifestación organizada por los CDR. En este caso, se filtró a la prensa que Tamara Carrasco tenía mapas de la caserna de la Guardia Civil y material para hacer cócteles molotov. Sin embargo, nada de esto se pudo probar y se retiraron los cargos, no sin antes estar confinada 14 meses. También la operación Lago, también llamada «operación Dixan», ha sido un punto oscuro en la guerra contra el terrorismo. En el 2003, se produce una acción contra el terrorismo islamista, en la cual se detuvo a 23 personas a las que se les acusó de planear un atentado con armas químicas. Al final, el material incautado resultó ser jabón en polvo, de ahí el nombre de la operación. Más allá de si había base para intervenir, esta acción se produjo cuando más pudo convenir al Gobierno, ya que Aznar la utilizó para justificar la participación en la Guerra de Irak.
Con estos precedentes no quiero insinuar que los actos que se están investigando actualmente no estén bien fundamentados o que no pueda existir alguna persona que pudiera estar planeando algún acto violento. Pero habría que ser prudentes antes de realizar algunos paralelismos entre el terrorismo vasco y el movimiento catalán. El independentismo siempre ha apelado a la democracia y a la no-violencia y, estratégicamente, no tendría sentido que fuera de otra forma si quiere tener una base amplia que lo apoye. Que algunas formaciones políticas se esfuercen en insinuar esta relación, asumiendo un marco de criminalización preventiva de todo el movimiento –como apuntaba el politólogo Jordi Muñoz–, o del gobierno de la Generalitat, puede tener una implicación clara: la deslegitimación del independentismo. Si se asume ese relato, se anula la capacidad de negociación de un bando, ya que con la violencia nunca se puede pactar. Y en el contexto actual, con la sentencia del Tribunal Supremo a las puertas y el consiguiente tensionamiento del ambiente, el diálogo va a ser más necesario que nunca.
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