El Gobierno demora la reforma legal para luchar contra la prevención de delitos financieros

La reforma del Código Penal que está preparando el Gobierno tiene como uno de los temas prioritarios implantar medidas para la prevención del blanqueo de capitales en las empresas. En concreto, establecer como delito punible la falta de un sistema organizado para prevenir las malas prácticas financieras en las empresas.

Pero inexplicablemente esa reforma no llega. «El nuevo Codígo Penal lleva meses de retraso y con el cambio de titular en el Ministerio de Justicia, todo apunta a que se aparcará», ha advertido Luis Trigo, socio director del despacho Broseta, en el marco de una mesa redonda titulada «Fraude, Prevención de delitos penales e información financiera» y organizada por el Consejo General de Economistas.

«Desconocemos los motivos. La complejidad técnica del texto puede ser una causa por la que el nuevo Ministro ha decidido aplazarla, para estudiarla, pero no se ha explicado el motivo de la demora», asegura Trigo. Fuentes judiciales explican que el texto está en el proceso de negociación en el Congreso de los Diputados con el objetivo de optimizarlo lo máximo posible.

Más allá de los motivos concretos, lo cierto es que este retraso debilita el necesario refuerzo de los controles de delitos económicos dentro de las empresas y la implantación de políticas de denuncia que tanto éxito están teniendo en otros países como EEUU. Una práctica que se conoce como whistleblowing y que, como ya ha explicado  Eldiario.es, no está demasiado generalizada en España.

Prevenir antes que curar

Tras la reforma del Código Penal de 2010, la ley obliga a que todas las empresas tengan implantado un sistema de detección previa de delitos financieros internos. «El problema es que no tenerlo, ahora, no tiene consecuencias. Solo en el caso de que se detecte y pruebe el delito, la falta del sistema de prevención es sancionada y hace a la empresa también culpable del mismo (no solo al empleado, como ocurría hasta ese momento)», ha explicado Luis Rodríguez, director de Deloitte y también presente en la mesa redonda.

De momento, son demasiadas las compañías que asumen el riesgo de no tenerlo o tenerlo sin que cumpla con los requisitos legales mínimos. Un riesgo relativamente controlado, ya que las posibilidades de ser «pillados» no son muy altas. Y es que, según ha explicado el abogado y economista forense Miguel Ángel Sánchez, «probar el delito económico y, sobre todo, el de blanqueo de capitales en España es una tarea muy complicada». La prueba de ello, según este experto, es el escaso porcentaje de denuncias que tramita el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) que acaban en sentencia firme.

La realidad actual de la legislación española es que hace énfasis en el castigo de los delitos ya cometidos, en la medida en que responsabiliza al administrador de las compañías de las posibles malas prácticas de sus empleados. Mientras que el espítiru de la reforma del código penal es evitar que esos delitos ocurran. «Para dedicarse a prevenir el delito hay que ser valientes», ha insistido Luis Rodríguez, el experto de Deloitte. A su vez, ha pedido a Hacienda «que deje en paz a los fontaneros» y se concentre en las grandes empresas que es donde todos los expertos aseguran que están los grandes fraudes.

En esa línea, los expertos presentes en este evento también han valorado muy positivamente la posible intención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de premiar económicamente los «soplos» sobre prácticas irregulares en las empresas, según ha revelado el diario financiero Cinco Días. Ese modelo que tan bien les funciona a los americanos, y tantas reticencias levanta entre las compañías españolas.