El presupuesto oculto de Defensa: 32.000 millones para gasto militar y control social en 2018

El Gobierno camufla 15.122 millones atribuibles a Defensa en partidas de otros ministerios, según los cálculos del Grup Antimilitarista Tortuga. Los fondos destinados a fines militares y a control social supondrán en 2018 el equivalente al 2,75% del PIB.

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Desfile del 12 de octubre en Madrid // Olmo Calvo

Más de 32.000 millones destinados al gasto militar y al control social, el 2,75% del PIB en España. Es la cifra que el Grup Antimilitarista Tortuga, histórico colectivo auditor de los presupuestos dedicados al Ejército y a las Fuerzas de Seguridad del Estado integrado en la red Alternativa Antimilitarista-Moc, calcula que el Gobierno estatal y las comunidades autónomas gastarán en 2018.

El cálculo sale a la luz en plenas negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), unos presupuestos a los que se han presentado 6.900 enmiendas y que se prevé que se aprueben a finales de junio.

En la presentación de los Presupuestos 2018 el Ministerio de Defensa ya anunció un incremento del 10,7% de la partida dedicada a este área. De los 7.638 millones de euros de 2017 se pasa ahora a 8.455. Sin embargo, el grupo antimilitarista aumenta la partida dedicada al gasto militar a 23.577 millones de euros. “lo que supone 15.122 millones de euros de gasto militar que el Gobierno oculta fuera del presupuesto que reconoce”, señalan desde el colectivo.

Según estas cifras, de cada diez euros destinados a gastos militares 6,42 estarían ocultos e integrados en otras partidas. Desde el Grupo Tortuga achacan la opacidad del Gobierno a “lo inasumible socialmente que es el tremendo gasto militar y a la estrategia permanente de desinformación y de militarización social”.

Partidas ocultas

Para obtener la cifra total de gasto militar que predice, el colectivo añade toda una serie de partidas. La más cuantiosa corresponde al “gasto oculto en otros ministerios y departamentos fuera de Defensa”, que calculan en 10.769 millones. Estos se reparten principalmente en tres epígrafes: el de clases pasivas militares, con 3.491 millones a cargo del Ministerio de Hacienda y correspondientes a pensiones y prestaciones a familiares de militares, no funcionarios y pensiones de guerra; los Organismos Autónomos Militares, como el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) o el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), que se llevan 1.828 millones, y las partidas correspondientes a Interior, destinadas principalmente a la Guardia Civil, con 2.707 millones.

Además, otras carteras como Exteriores, Fomento, Empleo, Agricultura, Sanidad o Empleo también cuentan con gastos que desde el Grup Tortuga achacan al gasto militar. Es el caso, por ejemplo, de los fondos de apoyo a la innovación tecnológica del sector de Defensa (Economía), el Instituto Social de la Marina y el buque medicalizado Esperanza del Mar (Empleo y Seguridad Social), los aviones de la Agencia Tributaria operados por Defensa (Hacienda) o los barcos de apoyo en el Océano Índico (Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente).

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La suma de gasto militar incluye además 2.875 millones destinados a lo que desde el colectivo señalan como ‘sobregasto’, “el gasto que deliberadamente minimiza el Ministerio de Defensa en sus presupuestos y en los de los organismos autónomos y otros ministerios pero que luego, mediante autorizaciones de ampliación de crédito, gasta de más de forma sistemática todos los años”.

Asimismo, los intereses de la deuda obtenida de la financiación del gasto militar sumarían otros 1.365 millones y, por último, las 14 operaciones en el exterior que Defensa tiene vigentes irán a cargo del Fondo de Contingencia estatal, lo que añade otros 1.100 millones.

Control social

El colectivo antimilitarista suma además los gastos achacados al control social excluidos de las cuentas del Ministerio de Defensa. En concreto, señala 6.011 millones que se gastarán en este concepto por parte del Estado, a los que añade 2.554 millones para el mismo epígrafe a cargo de las comunidades autónomas y que se integran principalmente en partidas relacionadas con políticas de Interior.

“Cada vez más, las diversas políticas de interior han pasado a convertirse en mecanismos militarizados de control social, en una estrategia amplia de expansión de la seguridad como enfoque y obsesión que ha convertido la política de interior en una verdadera obsesión”, denuncian desde el grupo. Tal como remarcan, “esto incorpora el aparato punitivo y carcelario, así como las misiones y equipamientos de la policía, las políticas de protección civil, coordinadas desde lo militar y con sus propios modelos, e incluso la política de seguridad vial, con amplias dependencias del enfoque de vigilancia y control militar”.

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En el caso los presupuestos de las comunidades autónomas, el colectivo cita tanto a las que tienen policía propia (Catalunya, País Vasco y Navarra), como a las que poseen competencias en materia de prisiones (Catalunya) o las que transfieren cantidades de política de seguridad, en gran parte para incentivar intervenciones policiales, como es el caso de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam).

Por último, el grupo indica que, aunque el gasto del Ministerio de Defensa aumenta un 10,74% respecto a 2017, el gasto militar total se incrementa este año en un porcentaje menor: un 5,65% (6,59% si se contabilizan los gastos dedicados a control social). “Esto es debido a la política que actualmente aplica el Gobierno de aflorar gasto militar oculto”, señalan. “En este caso parte del gasto para operaciones en el exterior que antes escondía casi en su totalidad en créditos desde el Fondo de Contingencia y que no contaban como presupuesto de Defensa, y el subidón de los Programas Especiales de Armamento (PEA) que se pagan desde un programa de Defensa desde el año pasado y antes se pagaban mediante créditos extraordinarios que se aprobaban en verano y prohibió el Tribunal Constitucional, así como la I+D militar”.

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