La comisión que estudiará los delitos sexuales se niega a trabajar si Catalá no incorpora a expertas permanentes

  • Los vocales han acordado no comenzar a estudiar la reforma del Código Penal hasta que no se incorporen catedráticas con puesto permanente
  • La solución que han acordado los integrantes de este órgano asesor es incrementar hasta 30 el número de vocales de la sección Penal
  • Javier Moscoso del Prado ha presentado su dimisión como vocal y se convierte en el segundo experto en dejar la comisión

Catalá: usar arte para hablar de delitos políticos en España no es razonable

Rafael Catalá, durante un pleno del Congreso // EFE

Todos los vocales que conforman la comisión encargada de estudiar una reforma de los delitos contra la libertad sexual han reclamado este jueves al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que incorpore a expertas de forma permanente a este órgano asesor. Hasta que no se resuelva este punto, no empezaran a trabajar. Al término de la reunión, en la que ha dimitido uno de los vocales, Justicia ha emitido una nota de prensa en la que afirman que Catalá «hace suya la propuesta».

La sección Penal de la Comisión General de Codificación se ha reunido por primera vez este jueves, después de recibir el encargo de Catalá de estudiar una posible reforma del Código Penal tras la sentencia de ‘la manada’. El presidente de este grupo de expertos, Esteban Mestre, y el ministro acordaron incorporar a penalistas de manera temporal, pero un grupo de 25 catedráticas se unieron para reclamar que se contase con ellas como vocales permamentes.

Este era el primer punto a resolver en la reunión de esta mañana. Uno de los vocales, Luis Arroyo Zapatero, el primero en intervenir. Ha propuesto que, dado que los estatutos lo permiten, la comisión se amplíe hasta 30 miembros, con la incorporación de 10 catedráticas de Derecho Penal como vocales permanentes. El resto de integrantes de la comisión ha secundado esta propuesta, que ya ha sido trasladada a Catalá.

De hecho, los vocales han acordado que no van a comenzar el encargo que les ha hecho el ministro hasta que no se resuelva este punto. Según los estatutos de la Comisión General de Codificación, solo Catalá puede nombrar a nuevos integrantes. Arroyo ha conseguido así apoyo a la propuesta que había plasmado en una carta enviada ayer mismo a Mestre.

Según fuentes presentes en la reunión, algunos de los vocales han empezado a sugerir candidatas para ampliar la reunión, pero otros han pedido esperar a hacer las propuestas hasta que el ministro acepte su petición. Los componentes de la sección han acordado por unanimidad solicitar del ministro de Justicia la integración en ella de vocales permanentes hasta el número máximo previsto en la regulación vigente.

Al término del encuentro, Justicia ha emitido una nota de prensa al término de la reunión en la que afirman que el ministro «hace suya la propuesta». «La cualificación y experiencia de los integrantes de la comisión que se conforme de este modo permitirá contar en las próximas semanas con una propuesta que ayudará al Gobierno y al Parlamento a abordar una posible reforma del Código Penal si existe consenso social y político suficiente», reza el comunicado.

Además, la comisión ha perdido a un segundo vocal. Tras la dimisión de Francisco Muñoz Conde ha presentado su renuncia Javier Moscoso del Prado, uno de los vocales que integraban este órgano asesor desde los años 80. Según ha explicado, presenta su dimisión por la falta de paridad en la comisión, y para que con su renuncia haya un hueco más para incorporar a mujeres penalistas. Las dimisiones dejan la comisión con 18 vocales ahora mismo, lo que da un margen para incorporar a 12 mujeres.

A la reunión han acudido las dos catedráticas de Penal han aceptado la propuesta: Avelina Alonso de Escamilla (catedrática de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo) y Carmen Lamarca Pérez (catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III). Otras dos mujeres han participado en la reunión, invitadas como vocales externas: Blanca Hernández Oliver, letrada de las Cortes, y Victoria Ortega, vocal nata de la Comisión como presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.