La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que se trata de una ley “profunda y robusta”, pese a las críticas que han surgido sobre la solvencia del texto. El texto contempla crear centros de crisis y juzgados específicos de violencia sexual.
Irene Montero en la rueda posterior al Consejo de Ministros que ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley de violencias sexuales.
El anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual convertirá en ley el “solo sí es sí” que se ha escuchado en las movilizaciones que desde 2016 han pedido revisar las leyes sobre violencia sexual tras la sentencia de La Manada. El texto especifica que se entenderá que no existe consentimiento “cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto”, según fuentes del ministerio.
El anteproyecto que tiene desde este martes luz verde tras pasar por el Consejo de Ministros elimina la diferencia entre abuso y agresión que recoge el Código Penal y considera “agresión sexual” cualquier acto contra la libertad sexual sin consentimiento.
La ley castigará el “acoso ocasional” con pena de localización permanente —hasta ahora, no estaba penado el acoso leve sexista o sexual reiterado o acoso callejero—, y propone introducir cambios en el delito de stalking
Además, castigará el “acoso ocasional” con pena de localización permanente —hasta ahora, no estaba penado el acoso leve sexista o sexual reiterado o acoso callejero—, han explicado desde el Ministerio, y propone introducir cambios en el delito de stalking —acoso reiterado, penado a día de hoy solo se “altera gravemente” la vida cotidiana de la víctima— y se suben las penas para los casos de “acoso sexual”.
Este nuevo delito de acoso ocasional se define como “aquellas expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria”. Hasta ahora, solo estaba previsto en violencia doméstica, entre familiares o pareja o expareja.
Pese a que Unidas Podemos valoró inicialmente crear un delito específico para “manadas” cuando se empezó a fraguar la ley, en julio de 2018, esta idea desaparece para quedar, como hasta ahora, recogida entre los agravantes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que se trata de una ley “profunda y robusta”, pese a las críticas que han surgido sobre la solvencia del texto. El propio ministerio reconocía ayer que aún se estaban haciendo cambios en el texto que esta mañana ha sido llevado al Ministerio.
El Ministerio ha aclarado también que las penas no se bajan y que “incluso en algunos casos aumentan”, y considera que las penas con esta propuesta serán más proporcionales
Montero ha defendido que la ley tiene una trayectoria en la que el texto ha sido “enriquecido”, algo que, augura, volverá a pasar en el trámite parlamentario. Montero ha puesto en valor el carácter integral de la ley, basada en la prevención, el acompañamiento y la reparación de las víctimas: “La clave de la Ley es que pone en el centro el consentimiento de la mujer, es decir la libertad sexual”. El Ministerio ha aclarado también que las penas no se bajan y que “incluso en algunos casos aumentan”, y considera que las penas con esta propuesta serán más proporcionales.
En el anteproyecto de ley, además de los delitos sexuales contemplados en el Código Penal, se consideran violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la trata con fines de explotación sexual. La ley comprende las violencias sexuales como “cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado” y su ámbito de aplicación comprende a todas las mujeres desde los 16 años.
Juzgados de violencia sexual
Otro asunto novedoso de la propuesta es que contempla la creación de juzgados especializados en violencia sexual, como los que ya existen de violencia de género en pareja. En este sentido, el ministerio prevé revisar en un año tras la aprobación de la ley revisar las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, de la Fiscalía y de los equipos técnicos, y valorar si estos pueden asumir esta especificidad.
Además, se contempla crear “centros de crisis” que atiendan a las víctimas de delitos sexuales las 24 horas del día, así como otros derechos de asistencia integral especializada. También quiere garantizar el acceso a ayudas económicas de estas víctimas y se incluye por primera vez en una norma estatal e derecho a la reparación integral, es decir, a una indemnización.
También contempla otras medidas para la sensibilización y la prevención, que serán pilares básicos de su funcionamiento con el objetivo de erradicar las violencias sexuales, tal y como aseveran desde Igualdad.
Tras el visto bueno de este martes, la propuesta debe remitirse a los órganos consultivos para su evaluación y, posteriormente, la norma deberá volver a ser aprobada como proyecto de Ley y llegar al Congreso para su tramitación parlamentaria.
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