Madrid, Cataluña, Baleares y Galicia ocupan los puestos con mayor grado de privatización. Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cantabria se sitúan en el polo opuesto.
Las hay con más y con menos, pero todas las comunidades autónomas han aumentado la privatización de la sanidad, según el informe de la Federación de asociaciones en defensa de la sanidad pública de 2016, que analiza los datos de 2014 y parte de 2015, antes de las elecciones autonómicas. Madrid, Cataluña, Baleares y Galicia son las comunidades donde el grado de privatización ha sido mayor. Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cantabria se sitúan en el polo opuesto.
Los resultados apenas han variado en los tres últimos estudios anuales elaborados por la federación. Los cambios sólo han sido significativos en el caso de Aragón, que ha incrementado la privatización (pasa del sexto puesto al 12 en tres años) y La Rioja, que ha mejorado (del 15 al 11). El estudio señala que las modificaciones que se han realizado o se puedan realizar en las políticas sanitarias de las comunidades con cambios de gobierno “más progresistas” no se verán al menos hasta dentro de un año.
El informe sitúa en 2009 el año clave del desmantelamiento de la sanidad pública. “Se ha producido un aumento de la privatización, en la provisión y en la financiación de nuestro sistema sanitario en general y también se han incrementado los conciertos, el aseguramiento privado y el gasto de bolsillo”, añade. El estudio también recoge, de acuerdo a los datos de la OCDE, el aumento de la financiación del sistema sanitario: se ha pasado del 24,44% del gasto sanitario total en 2009 al 28,40% en 2013.
Las asociaciones en defensa de la sanidad pública destacan, como en los anteriores análisis, la “gran desigualdad” entre las comunidades y, por tanto, la falta de cohesión del sistema nacional de salud. Y denuncian, además, que la principal limitación con la que han trabajado ha sido la ausencia de transparencia de las administraciones: “[Esta circunstancia] dificulta enormemente encontrar datos homogéneos para todas las comunidades autónomas y es un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos y un incumplimiento notorio de la denominada ley de transparencia”.
