Una ley creará zonas básicas, áreas y departamentos en el territorio valenciano para planificar los recursos, declarará esenciales y de interés general los servicios sociales y convertirá en un derecho exigible por los ciudadanos lo que hasta ahora era un modelo asistencial
Mónica Oltra durante una visita al centro ocupacional La Valldigna para personas con diversidad funcional.
¿Por qué tienen que declararse los servicios sociales esenciales y de interés general? Para que se prioricen los recursos que se destinan a ellos en los presupuestos públicos y se coordine institucionalmente su prestación. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirige la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, prevé esa doble consideración en una ley que diseña una estructura para los servicios sociales similar a la del servicio público de salud, con zonas básicas, áreas y departamentos que articularán sobre el territorio los recursos de la atención primaria, la atención de carácter específico y la atención secundaria o residencial.
La futura Ley de Servicios Sociales Inclusivos, que se presentará a finales de mes tras un proceso de consulta y participación, con la intención de que pueda ser aprobada por las Corts Valencianes a finales de año, implicará un cambio enorme en la concepción y la gestión de la política social.
Según la terminología que baraja el delegado de la Generalitat para el Modelo Social Valenciano, Francesc Xavier Uceda, se trata de una ley de «tercera generación». Si la primera generación correspondía al periodo de asunción de las competencias por las comunidades autónomas y la segunda a la organización territorial de esos servicios, la tercera generación alude al derecho subjetivo de acceso al sistema y tiene en la Ley de Dependencia su punto de referencia.
La Comunidad Valenciana abordó la política de primera generación mediante una ley de junio de 1997 que reguló el sistema de servicios sociales, pero durante toda la etapa de gobierno del PP no llegó a organizarse territorialmente ese sistema. De ahí que se trate ahora de dar el salto de la primera a la tercera generación para recuperar el tiempo perdido y encarar el futuro.
Los municipios, puerta de entrada a la atención primaria
Si en el sistema educativo y en el de salud es la Administración autonómica la que se hace cargo de todos los niveles, la estructura que diseñará la ley convierte a los municipios en «la puerta de entrada» a la atención primaria en servicios sociales. La promoción de la autonomía personal, la atención a la infancia o la inclusión social son algunos de los aspectos que deberán gestionarse desde el ámbito local en «zonas básicas de servicios sociales» creadas a partir de una población mínima de 5.000 habitantes, cuyos equipos profesionales estarán compuestos al menos por un trabajador social, un psicólogo, un educador y personal administrativo.
En el ámbito de las «áreas de servicios sociales», con una escala superior a los 20.000 habitantes, se ampliará esa atención, por ejemplo, a la lucha contra la violencia de género, la atención a la infancia en situación de riesgo, las familias acogedoras o la inmigración.
En el tercer nivel, los «departamentos de servicios sociales» serán similares a los actuales departamentos de salud y en ellos se planificarán los recursos de carácter residencial y los centros de acogida.
La elaboración de un mapa de servicios sociales pretende, sobre estas bases, servir de guía para planificar recursos e inversiones con el objetivo de garantizar que los ciudadanos no tengan que alejarse de su lugar de residencia, y por tanto de su entorno y su vida cotidiana, para disponer de la atención social imprescindible.
Un sistema público de servicios sociales
La norma que prepara la conselleria regulará la gestión directa, indirecta o concertada de los servicios, con la intención de mejorar el control de las entidades privadas tras dos décadas de gobierno del PP en las que se mercantilizó la política de servicios sociales. Un proceso que llegó al extremo de que, como criticó la misma Oltra el año pasado al anunciar la colaboración de la Generalitat y la Diputación de Valencia para crear tres residencias de enfermos mentales y un centro de acogida de menores, desde 1997 no se había construido ninguna instalación pública «por falta de voluntad política».
La apuesta, con la futura ley, va en sentido contrario y la intención es crear un auténtico «sistema público valenciano de servicios sociales» cuya base territorial, dada la falta de una comarcalización consolidada legalmente, tendrá que articularse a partir de las mancomunidades de municipios.
Financiación compartida por instituciones
Uno de los aspectos fundamentales de la norma es aclarar las competencias que correspondan a los ayuntamientos y a la Generalitat Valenciana así como ejercer la potestad de la Generalitat de coordinar a las diputaciones en esta materia.
La financiación del sistema, por tanto, será establecida por porcentajes entre las diversas instituciones, pero supondrá, sobre todo, un esfuerzo económico importante para la Administración autonómica, debido al cambio de paradigma de una «financiación sujeta a disponibilidad presupuestaria» a una «financiación garantizada» de las prestaciones mediante créditos de carácter ampliable.
Se trata de un mecanismo, el de los créditos de carácter ampliable, que el gobierno del Pacto del Botánico, formado por el PSPV-PSOE y Compromís y apoyado por Podemos, ya ha aplicado en materia social en sus presupuestos autonómicos. Unos presupuestos que, sintomáticamente, registran en 2018 su principal aumento en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Ese esfuerzo económico tendrá incluso que hacerse más intenso en el futuro, cuando se apruebe la nueva ley, si hay voluntad de desarrollarla.
