Podemos denuncia ante la Fiscalía la gestión de Cifuentes que ha dejado a cientos de alumnos sin colegio

  • El partido liderado por Ramón Espinar pide a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue las adjudicaciones de construcciones de centros públicos a empresas que rebajaron un 30% la oferta y no completaron las obras
  • En la denuncia figuran nueve centros de Madrid que no cuentan con el equipamiento previsto para el número de estudiantes matriculados
  • “No existe indicio alguno de apertura de procedimientos de investigación y depuración de responsabilidades para estas empresas”, dice el escrito

Estado de las obras del CEIP Averroes, en Arroyomolinos. / Y.M

Estado de las obras del CEIP Averroes, en Arroyomolinos // Y.M

Podemos denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la construcción de nuevos centros públicos que ha terminado dejando tirados a cientos de estudiantes este curso. El partido liderado por Ramón Espinar ha presentado un escrito ante el Ministerio Público, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que solicita que investigue, entre otras cosas, las rebajas económicas de más del 30% que ofrecieron las constructoras adjudicatarias de estas obras: Joca S.A (mayoritariamente) y Ogmios Proyectos S.L.

Ambas empresas abandonaron las tareas a las que se comprometiron por contrato con la Consejería de Educación tras ganar el concurso público por “falta de solvencia”, una decisión que ha repercutido en que los estudiantes que tenían que ocupar esas aulas nunca construidas hayan tenido que ser reubicados de urgencia en otros centros públicos, pasar el curso dando clase en barracones o ser enviados a espacios en centros concertados por los que la administración está pagando más de 50.000 euros. Estos hechos, entienden los denunciantes, “podrían revestir naturaleza penal” y por ello piden al Ministerio Público que los investigue.

Joca S.A firmó la obra de construcción de las nueve primeras clases del colegio Averroes (en Arroyomolinos), un comedor y una sala de usos múltiples por 1,6 millones de euros cuando el presupuesto estimado era de 2,4, según los pliegos del concurso. En el instituto José García Nieto del municipio de Las Rozas rebajó el coste de los 4,1 millones calculados por la Consejería de Educación a 2,7 millones.

Para levantar el edificio de Primaria en el CEIP Miguel de Cervantes en la ciudad de Getafe pujaron con una oferta de 1,42 millones cuando estaba presupuestado en 2,19. Y en el IES Las Tablas, la empresa Ogmios Proyectos S.A ha renunciado a construir las 12 aulas que figuraban en un contrato con una rebaja del 34% del presupuesto base.  El único criterio fijado para las adjudicaciones en todos los casos era el precio.

En la denuncia figuran, además, el IES Neil Armstrong, cuyas obras están bloqueadas porque los terrenos están afectados por la trama Púnica; el IES Paracuellos del Jarama; y los CEIP Ensanche de Vallecas, Constitución 1812 (Leganés) y Andrea Casamayor (Paracuellos del Jarama).

Cláusula de responsabilidad

El escrito aclara que en todos estos contratos había una cláusula, la vigésimo sexta, que prevé la responsabilidad del contratista por daños “que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato”. Sin embargo, “no existe indicio alguno de apertura de procedimientos de investigación y depuración de responsabilidades para estas empresas”. En ninguno de los casos, los denunciantes tienen constancia de que “la empresa haya sido sancionada o penalizada por una actuación al menos temeraria”.

No es la primera vez que las constructoras denunciadas protagonizan actuaciones de este tipo. En marzo, Joca S.A renunció a las obras de acondicionamiento del entorno del río Guadalope (Aragón) por no encontrar subcontratas que trabajaran todo lo barato que habían ofertado las reformas en el contrato público, según medios locales. Además, en Madrid, la empresa cobró del Canal de Isabel II un sobrecoste por unas obras que nunca se llegaron a hacer, informó El País. La constructora, a la que se exige “solvencia económica” para ser adjudicataria, superó un concurso de acreedores en 2012 pero mantiene una deuda muy elevada y ha hecho varios ERE.

“Es la Consejería de Educación quien debe asegurar que las adjudicatarias cumplan con sus obligaciones y no se premie a empresas que ya concurren con antecedentes de dudosa reputación”, afirma en este sentido el escrito, que critica que “ambas empresas han generado un perjuicio importante a las familias que precisan escolarizar a sus hijos y les obliga a soportar su redistribución en barracones, otros centros educativos y en colegios concertados que perciben importantes cantidades por el alquiler de sus espacios”.

Ahora, el Ministerio Público tendrá que decidir si admite el escrito y da curso a la investigación. Este viernes empieza el curso.

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