Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Gobierno 1.350 millones por el Castor

  • Formulan una “reclamación de responsabilidad del Estado legislador” en la que solicitan la cantidad que no han recibido todavía, más los daños causados
  • Los tres bancos entienden que la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley no debe ocasionar pérdidas a quienes han financiado a los poderes públicos

Tres colectivos se querellan contra cinco exministros por el almacén Castor

Protestas contra el almacén Castor // EFE

Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado los 1.350 millones de euros que avanzaron en octubre de 2014 para compensar a la constructora ACS por el cierre del almacén Castor en la costa mediterránea y cuyas cuotas han dejado de cobrar desde enero.

Las entidades, tal y como avanza El País, han formulado una “reclamación de responsabilidad del Estado legislador” en la que solicitan el dinero que no han recibido todavía más los daños, según fuentes jurídicas.

Las entidades consideran que la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley que articuló el cierre de Castor y la indemnización de la concesionaria, dictada en una sentencia de diciembre pasado, no debe ocasionar pérdidas a quienes han financiado a los poderes públicos en el proceso.

Las tres empresas consideran que el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad del proceso de cierre del almacén gasístico a costa de las entidades que lo financiaron. Según fuentes jurídicas, ofrecen alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de manera flexible a fin de evitar un grave impacto a las cuentas del Estado.

En concreto, ofrecen acometer la devolución del dinero que prestaron en los mismos términos y con las mismas condiciones que estaban incluidas en el Real Decreto que fue declarado inconstitucional en diciembre.

En octubre de 2014, estas tres entidades desembolsaron más de 1.350 millones para financiar la indemnización a ACS por el cierre del almacén, pago que se vio
interrumpido en enero por la inconstitucionalidad del proceso. Los tres bancos adelantaron la deuda con la empresa concesionaria del almacén a cambio de una devolución en 30 años y con intereses, con cargo a la factura del gas y en plazos mensuales. Las entidades entienden en la reclamación al Estado que el real decreto es inconstitucional exclusivamente por el uso de la figura del real decreto ley.

En enero, como consecuencia de la sentencia del Constitucional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) suspendió esos pagos mensuales, al haber quedado los mismos sin cobertura jurídica.

Unos días después, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, dejaba claro que no iba a articular ningún mecanismo para compensar a los bancos por la cesación de esos pagos y pronosticaba una “enorme litigiosidad” entre privados y contra el Estado por este asunto. Esta semana, la empresa que construyó el almacén subterráneo de gas, ACS, ha dejado claro que no espera “perjuicio alguno” de la sentencia del Constitucional y ha reflejado en sus cuentas anuales que las indemnizaciones recibidas hasta ahora por el cierre del fallido almacén no le parecen suficientes.