La vista, prevista para este miércoles, ha sido finalmente suspendida. En los previos, la empresa pública, representada por el «investigado» Juan Alberto García Cuenca, ha rechazado la readmisión de la trabajadora Azahara Peralta, despedida por denunciar uno de los pufos que investiga el juez Velasco en la Audiencia Nacional.
Sede de Acuamed en Madrid el día de los registros // EUROPA PRESS
El Ministerio de Agricultura lo ha vuelto a hacer. El departamento de Isabel García Tejerina ha enviado como representante legal de la empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) en el juicio laboral por el despido de una de las denunciantes de las irregularidades en esta empresa pública que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a uno de los investigados (actual denominación de la antigua figura de imputado) en este sumario. Se trata de Juan Alberto García Cuena, director de la Asesoría Jurídica de la compañía quien, pese a que su actual situación judicial se remonta al 2 de febrero del año pasado, sigue teniendo una participación activa tanto en la propia causa en la que se investigan los supuestos amaños en obras hidráulicas como en otros pleitos derivados del mismo. Así, este miércoles se ha personado en el Juzgado de lo Social número 20 de Madrid vestido con toga para intervenir en la vista, junto a un abogado del despacho Sagardoy contratado por Acuamed, en la denuncia presentada por Azahara Peralta, una de las dos ingenieras que fueron despedidas en julio de 2015 por negarse a validar los amaños en una de las obras investigadas, la descontaminación del Embalse de Flix, en la provincia de Tarragona.
Así lo ha podido constatar Vozpópuli en los previos de un juicio que finalmente ha sido aplazado hasta el próximo mes de noviembre por un defecto en la notificación a una de las directivas de Acuamed condenada, Gabriela Mañueco Pfeiffer, señalada por el juez Velasco en sus autos como la supuesta ‘mano derecha’ del presunto cabecilla de la trama, el que fuera director general de la compañía estatal, Arcadio Mateo del Puerto. Según fuentes jurídicas, en los momentos previos a la suspensión de la vista, García Cuenca y el abogado del despacho Sagardoy han intentado un tímido acercamiento con la denunciante, a la que han ofrecido convertir su despido en improcedente para abonarle una indemnización y cerrar la causa. La ingeniera, que reclama la readmisión y una indemnización por los daños causados, lo ha rechazado de plano. La titular del Juzgado de lo Social de Madrid número 20, Teresa Orellana, ha decidido suspender la vista y citar a las partes para el próximo 22 de noviembre, 28 meses después del despido.
Acuamed ya intentó ‘desactivar’ la denuncia de la otra ingeniera despedida por denunciar los pufos, Gracia Ballesteros, en los momentos previos a la vista que se celebró el pasado mes de abril. Entonces, la sociedad dependiente de Agricultura ofreció a la trabajadora la readmisión con condiciones, que la trabajadora rechazó.
La vista se celebró finalmente y en mayo el titular del Juzgado de los Social número 19 de Madrid, Antonio Cervera, falló a favor de la represaliada y ordeno su readmisión y el pago de una indemnización de 90.000 euros por los daños causados. En aquella sentencia, el magistrado daba una especial relevancia a la investigación de su colega de la Audiencia Nacional, quien en sus autos ya destacaba que los funcionarios que se habían opuesto a las irregularidades de la supuesta trama habían sido removidos de sus puestos o, como en el caso de estas dos ingenieras y un tercer compañero, Francisco Valiente, fueron directamente despedidos. Pese a la contundencia del fallo, Agricultura ha recurrido el fallo con un escrito en el que insiste en que mantener fuera de la compañía a esta trabajadora. Incluso llega a afirmar que «el hurto, el robo, la prevaricación, la malversación» del ‘caso Acuamed’ «incomodan, pero no arruinan». Según fuentes de la compañía, en este polémico recurso también ha tenido un papel activo el investigado director de la Asesoría Jurídica, García Cuenca.
Imputado en febrero
No es, sin embargo, una situación nueva pese a que García Cuenca figura como imputado desde que el 2 de febrero el juez Velasco dictara una providencia en la que citaba a comparecer a lo largo de los días siguientes a una veintena de personas, entre testigos e imputados. Entre ellos figuraba Juan Alberto García Cuenca, que fue convocado para el 12 de febrero a partir de las diez de la mañana «en calidad de investigado». Su comparecencia ante el magistrado fue muy breve, como había sido la que realizó ante la Guardia Civil semanas antes. «No voy a declarar hasta que se levante el secreto del sumario», le dijo al magistrado cuando éste lanzó su primera pregunta. Velasco, visiblemente enfadado por la falta de colaboración del director de la Asesoría Jurídica de Acuamed, le dejó claro en ese momento que tal vez no hubiera una segunda vez para comparecer y dio por cerrada la declaración. Antes y después de esta ‘visita’ a la Audiencia Nacional, García Cuenca ha seguido ejerciendo de representante legal de la compañía en la Audiencia Nacional y, de hecho, él es quien ha firmado las respuestas a diversos requerimientos de documentación realizados por el magistrado.
Así, el 13 de abril remitía un escrito al juez en nombre de Acuamed y con membrete oficial de la sociedad estatal y del Ministerio de Agricultura en el que le comunicaba que, tras haber recibido el 7 de marzo anterior un oficio del Juzgado para que entrega determinada «información precisa sobre el origen de la financiación» de una serie de adjudicaciones bajo sospecha, remitía la misma. Antes, ya había remitido otro escrito en nombre de la compañía reclamando diversos equipos informáticos que la UCO había intervenido durante los registros que hizo en las sedes de la compañía en Madrid y Valencia con el argumento de que la ausencia de dicho material perjudicaba «el desarrollo de las tareas propias de la actividad empresarial» de la sociedad pública. En otra ocasión había llegado a acudir a la sede de la Audiencia Nacional «en representación de la empresa Acuamed» para asistir, junto a dos técnicos informáticos, al «desprecinto y clonado» del material informático que se había intervenido. En las dos demandas laborales a las que ha tenido que hacer frente la compañía por el despido de las denunciantes de las supuestas irregularidades también ha sido el representante legal. La última, este mismo miércoles.
