La recuperación de la gestión pública del servicio de abastecimiento de agua ha sido una de las principales apuestas para hasta 24 municipios españoles entre 2011 y 2019.
Consulta sobre la privatización del Canal de Isabel II, en 2012 // David Fernández
Durante una semana, los 24.000 vecinos de los municipios de Hornachos (PSOE), Villafranca de los Barros (PSOE), Fuente del Maestre (PP) y Palomas (PSOE) no pudieron beber agua a causa de un alga que contaminaba el embalse de los Molinos, en Badajoz. Fue en mayo de 2018 y el servicio de abastecimiento de agua estaba en manos de Aqualia desde hacía 25 años. En enero de 2019, los nueve municipios que conforman la Mancomunidad de Los Molinos —los citados más Hinojosa del Valle (PSOE), Puebla de la Reina (PSOE), Ribera del Fresno (PSOE) y Los Santos de Maimona (PP)— decidieron recuperar la gestión del abastecimiento del agua. Para ello contaron con el apoyo de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). La concesión a Aqualia expiraba el 31 de diciembre, pero en junio anterior ya consensuaron que el servicio pasaría a manos del Consorcio Promedio, empresa dependiente de la Diputación de Badajoz.
El ejemplo de la Mancomunidad de Los Molinos es uno de los últimos ejemplos de los 66 municipios que han apostado por la remunicipalización de algunos de sus servicios en los últimos diez años. Frente a la oleada de privatizaciones, en los últimos años se ha comenzado a ver cómo decenas de municipios han optado por recuperar la gestión pública de los servicios públicos. Así lo muestra el Balance estatal sobre remunicipalizaciones 2010-2019, publicado recientemente por la Plataforma por la Remunicipalización de Madrid. En este informe se cuentan un total de 90 servicios públicos cuya gestión volvió a manos de los consistorios en 66 municipios de todo el Estado.
Las razones para volver a la gestión pública radican, según señalan desde la plataforma, en los “nefastos resultados” que ha tenido la gestión privada, que se ha traducido en el encarecimiento de los costes, en falta de transparencia, en pérdida de puestos de trabajo y en un sin fin de casos de corrupción. Aunque en algún caso, como en el de la gestión del laboratorio municipal de Albacete, privatizado por el PP, fue por sentencia de del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
En otros casos, como en Rascafría (Madrid), donde se llevó a cabo una consulta ciudadana que decidió que la gestión del agua y del alcantarillado municipal volviera a manos públicas en 2012, lo que fue refrendado por el Pleno del Ayuntamiento en 2014 y para lo que se creó un Consejo Sectorial del Agua y Alcantarillado con participación ciudadana, fueron las juzgados —en concreto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2018— los que impidieron la remunicipalizacion.
La entrada de los partidos municipalistas
La mayoría de los casos de remunicipalizaciones —69 de 90— se han dado desde 2015, año en el que las elecciones municipales dio la entrada en muchas ciudades a los llamados Ayuntamientos del Cambio.
Barcelona es el municipio que más servicios públicos ha recuperado. En 2016, año siguiente de la llegada de Ada Colau a la alcaldía. Comenzaron con la remunicipalización del servicio de Atención a Mujeres de las Oficinas de Atención a la Vivienda y de la televisión local Betevé. También en ese año recuperaron la gestión del servicio de mantenimiento y poda del arbolado viario y hasta del control de plagas de palomas. Estos servicios suman 350 trabajadores que fueron integrados en el personal municipal.
Pero fue en julio de 2018 se ha dado un paso de gigante con la creación de la empresa pública Barcelona Energía (BE), que abastece de electricidad a todos los equipamientos y edificios públicos, antes de alta con Endesa. Desde enero de 2019, BE suministra también energía a más de 20.000 familias de Barcelona.
En Madrid, de la mano del anterior concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, el Ayuntamiento comenzó su legislatura recuperando la gestión, en septiembre de 2016, de la la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, hasta entonces una empresa mixta en la que también estaba presente Funespaña, filial de Mapfre. En 2017 continuó con BiciMAD. El servicio fue puesto en marcha en junio de 2014 por el Ayuntamiento de Ana Botella, con una concesión de ocho años a la empresa Bonopark, pero ya en octubre de 2015 solicitó un “rescate” de 3,6 millones de euros para evitar la quiebra, afirmando que tenía pérdida de 300.000 euros mensuales. En septiembre de 2017, el Ayuntamiento decidió su remunicipalización. También en 2017 El Ayuntamiento madrileño remunicipalizó la gestión del párking de Plaza de España, integrando a los trabajadores en el personal municipal y, un año después, la del teleférico, que estaba en manos de Parques Reunidos y que pasó a depender de la Empresa Municipal de Transportes.
En Cádiz, el alcalde de Por Cádiz Sí Se Puede se lanzó en 2017 a remunicipalizar la gestión de los módulos de playas, limpieza de arena y socorrismo, mientras en Zaragoza, un año después, se recuperó el servicio de atención al ciudadano 010.
En municipios pequeños en los que también han entrado a gobernar partidos municipalistas también han emprendido algunas remunicipalizaciones. En Atarfe, municipio de Granada de 18.500 habitantes, el partido Por Atarfe Sí recuperó también el servicio de ayuda a domicilio en 2016, tras veinte años en los que se ejerció, sin contrato, por una comunidad de bienes.
“Ni todas las fuerzas del cambio actuaron igual en el importante asunto de recuperar la gestión de los servicios públicos, ni en todos los lugares se avanzó con la misma intensidad apostando por la remunicipalización, pero es necesario apuntar, que municipios gobernados por el bipartidismo histórico, también apostaron y apuestan, en algunos lugares, por el ejercicio remunicipalizador y de defensa de los servicios públicos, aunque sea en menor medida”, señalan desde la Plataforma por la Remunicipalización de Madrid.
El PSOE ha aprobado la remunicipalización en 22 de los casos citados en el informe. En algunos casos en solitario, como en Cazorla (Jaén) —donde remunicipalizó el servicio de agua en 2011—, en Albolote (Granada) —donde recuperó la gestión del servicio de Ayuda a Domicilio en 2017— o en Ciudad Rodrigo (Salamanca) —servicio de limpieza de edificios públicos en 2017—. En la mayoría, con el apoyo de partidos municipalistas, como en Jerez de la Frontera y Chiclana (Cádiz), en donde recuperó con el apoyo de Ganemos el servicio de ayuda a domicilio en 2017, o en Oviedo, donde remunicipalizó el servicio de recuperación de impuestos con el apoyo de Somos e Izquierda Unida, y también en Alzira, donde, con el apoyo de Compromís, el hospital público que le puso nombre al modelo de privatización sanitaria volvió a ser de gestión pública en 2018.
En algunos —pocos— casos, la remunicipalización de servicios públicos ha venido apoyada o incluso impulsada por el Partido Popular. En concreto en Islas Canarias, dos de las únicas tres remunicipalizaciones citadas en el informe fueron impulsadas por los populares —gestión del servicio de agua en Mogán (Las Palmas) en 2014 y del aparcamiento del anexo II de la Playa del Inglés en 2017— y la tercera —gestión de la retirada de cartón en Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife)— fue por consenso entre Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos—.
El caso catalán y la recuperación de la gestión del agua
Si una comunidad autónoma ha destacado en remunicipalizaciones, esta ha sido Catalunya. Entre 2010 y 2019, 18 municipios han recuperado la gestión de 23 servicios. El primero, la Barcelona de Ada Colau, pero otros le tomaron la delantera años antes. Entre 2011 2017, hasta 14 municipios se lanzaron a recuperar la gestión del servicio de abastecimiento de agua. El primero, en 2011, fue Arenys de Munt, gobernado por la CUP, que le arrancó el servicio de Agbar. Le siguió, en 2012, Figaró-Montmany, donde gobernaba la Candidatura Activa del Figaró, y en 2014 cuatro municipios más de las provincias de Barcelona y Lleida.
La recuperación de la gestión pública del servicio de abastecimiento de agua ha sido una dinámica con hasta 24 casos desde 2011 hasta hoy entre los que también se cuenta Ermua, donde volvió a la gestión directa por parte del Ayuntamiento por unanimidad del Pleno municipal, formado por el PSE-EE, el Partido Popular, Bildu, PNV y EB-B.
La dinámica de recuperar la gestión del agua no se da solo en el Estado español. Según señalan desde Aeopas y la Red Agua Pública, desde el año 2000 hasta 2017 hasta 267 ciudades de todo el mundo han vuelto a la gestión pública de la red de abastecimiento de agua. “Estos procesos de recuperación de la gestión pública por parte de las administraciones locales, a pesar de haber sido adoptados democráticamente y de acuerdo con las condiciones administrativas establecidas por los respectivos contratos de concesión, han estado caracterizadas, en la gran mayoría de los casos, por la oposición frontal de los lobbies privados, contando, incluso, con el apoyo descarado de la Administración central, cuando el gobierno estuvo presidido por el Partido Popular”, explican en un comunicado ante la presentación del Manual de Recuperación de los Servicios Públicos de Agua, que tiene como objetivo dar apoyo técnico y jurídico a los ayuntamientos que tomen la decisión de remunicipalizar los servicios de agua.
