- Entrevista con el abogado que coordina las defensas internacionales de los dirigentes independentistas
- Boye carga duramente contra la profesionalidad de las altas instancias jurídicas españolas
El abogado Gonzalo Boye / EFE
Hablamos con Gonzalo Boye (Chile 1965), uno de los abogados defensores de los líderes independentistas encausados en el Tribunal Supremo en la macrocausa que ha instruido el juez Pablo Llarena contra el independentismo. Boye está personado en el Supremo por los exconsellers Toni Comín y Meritxell Serret, pero, además, coordina las defensas internacionales de todos los que marcharon a sus respectivos exilios. Hablamos del proceso judicial y de los jarros de agua fría recibidos, por ahora, por Llarena en cuartopoder.es.
– ¿Ha quedado en evidencia el juez Pablo Llarena tras la negativa del tribunal alemán de extraditar a Puigdemont por rebelión?
“Los hechos no son constitutivos de delito, forman parte del juego democrático”
– Ha quedado en evidencia porque su tesis es que estos hechos son constitutivos de delito de rebelión. En Alemania, le han dicho que estos hechos no son constitutivos de ningún delito porque forman parte del juego democrático, que la gente se manifieste, que quiera votar, que se reúna… Todo esto forma parte del juego democrático y, evidentemente, si queremos formar parte de un espacio jurídico único, unas cosas no pueden ser delito en un país y no serlo en el resto.
– ¿Está dañada la imagen de la Justicia española fuera de España? ¿Qué percepción tienen colegas suyos europeos del Judicial español?
– Las altas instancias jurisdiccionales españolas, llámese Audiencia Nacional o Tribunal Supremo, dañan, hoy en día, la imagen de conjunto de la Justicia española. Se está percibiendo, fuera de aquí, como una justicia impropia de un sistema democrático.
– Según explica usted en un reciente artículo en eldiario.es, los políticos catalanes que están siendo juzgados por el Supremo, como eran diputados en el Parlament, deberían estar siendo juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. No está siendo así. ¿Qué consecuencias puede tener esto en el medio y largo plazo?
– Una de las garantías que tiene toda persona es ser juzgado por el juez natural. El juez natural de ellos, porque los hechos que se les están imputando son en Catalunya, estaría allí, deberían ser enjuiciados allí y no por el Supremo. Lo que se ha buscado es un artificio jurídico para quitarle la competencia al juez natural y traerlos ante un juez que está actuando de una manera especial. Eso está prohibido en el ordenamiento español, según la Constitución, y también en el europeo. Esto debería conllevar, una vez se conozca la sentencia condenatoria, que Estrasburgo condene a España una vez más por saltarse las garantías del proceso.
– En una entrevista en TV3 emitida la semana pasada, hablaba de que han podido comprobar que el delito de sedición se estaba investigando desde antes que ocurriera la manifestación alrededor de la Conselleria de Economia del 20 de septiembre, y el de rebelión, desde antes del 1-O…
“La Fiscalía investigaba hechos antes de que se produjesen”
– En Alemania hemos tenido acceso a unos documentos que acredita que la Fiscalía estaba investigando estos hechos con anterioridad a que se produjesen. Hay intercambio de informaciones entre el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General del Estado al menos desde el 14 de septiembre, cuando nosotros tenemos constancia documental.
– ¿Qué demuestra, según usted, esto?
– Demuestra algo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo: que este proceso penal es un proceso político. Hay una clara intencionalidad política detrás de todo el proceso.
– ¿En la práctica, esto puede suponer una nulidad del juicio, de la sentencia?
– Debería suponerlo, pero creemos que el Tribunal Supremo ya tiene una decisión tomada y que nada les va a hacer cambiar de criterio.
– En la misma entrevista, decía que el Supremo español está al nivel de un juzgado de primera instancia en Bélgica. La salud del Judicial español, tocada…
– Vamos a ver. Cuando un magistrado del Supremo plantea una solicitud de cooperación jurídica a un juzgado de primera instancia belga y el juzgado le responde que no le puede ayudar porque está mal cumplimentada, pues es muy triste. No ha sido capaz de rellenar correctamente más allá de la casilla primera.
– Errores graves por parte de las personas que ocupan los más altos rangos en la jerarquía judicial. ¿Y esto cómo se vive por parte de otros jueces y magistrados del ordenamiento jurídico español?
– En España se hace buena justicia. Y quien se suponía que eran los máximos conocedores del derecho se están pegando unos patinazos impropios de un juez.
– ¿Hay enfado entre otros miembros de la judicatura por esto?
– No lo sé, a mí no me lo han expresado.
– ¿Qué reformas habría que llevar a cabo en la Justicia española para que los jueces de más alto rango estén mejor preparados y no se cometan este tipo de errores?
– Se está trabajando con una legislación del siglo XIX, parcheada por todos lados, pero sigue siendo de finales del XIX. Por otra parte, los procesos de acceso a las altas magistraturas son de todo menos por mérito y transparencia. Todos sabemos cómo se llega a ser magistrado del Tribunal Supremo y esto no debería suceder. Un ejemplo, la juez Lamela acaba de llegar al Supremo y había gente mucho más cualificada para llegar a ese cargo. Después, el juez Llarena estamos viendo su nivel jurídico y él llega allí por haber sido presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, pero de Derecho está un poco corto.
– ¿Qué reformas concretas propondría?
“Hay que apostar por una nueva norma del acceso a la judicatura”
– Hay plantear una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay que apostar por una nueva norma reguladora del acceso a la judicatura y de los ascensos. Esto es un proceso integral. Lo que hay que optar es hacer una reforma de calado en la cual se introduzcan criterios más democráticos a la hora de aplicar las normas. Estamos viendo, en los últimos tiempos, casos aberrantes. Ejemplos que llevamos serían en caso del rapero Valtonyc, el de César Strawberry… Son casos que nunca debieron judicializarse. El de Strawberry, por ejemplo, fue una sentencia absolutoria en la Audiencia Nacional y es el Supremo, presidido por el juez Marchena, quien revoca esa sentencia y dicta la condenatoria. Estamos en una situación evidente de retroceso y eso tiene que ver con cómo esas personas han llegado hasta donde han llegado. También estamos viendo disfunciones como que, parece ser, se ha beneficiado a la hija del señor Marchena con una plaza, me parece alucinante.
– Con el cambio de Gobierno hemos visto la llegada de una nueva fiscal general, María José Segarra. ¿Qué margen tiene de cambiar algo del juicio a los independentistas, teniendo en cuenta los plazos en los que nos movemos y que será en otoño?
– Lo primero que hay que hacer es dejar que la fiscal aterrice. Que se haga con el control y el conocimiento de la Fiscalía y que, a partir de ahí, empiece a fundamentar sus conocimientos jurídicos, para algo es un órgano jerarquizado. Lo que pasa es que no sé si los fiscales del Supremo le dejarán trabajar como ella pretenda, la fiscal tiene una trayectoria que todos conocemos y en esa trayectoria lo que está sucediendo no tiene encaje.
– Optimismo moderado en su capacidad de acción…
– Sí, creo que estamos muy pillados de tiempo y porque hacerse con el mando en una Fiscalía no es una cuestión de un decreto, es una cuestión de ejercitarlo y eso tiene que ver, también, con el tiempo.
– Veíamos en la inauguración de la Casa de la República en Waterloo al rapero Valtonyc, de quien me ha hablado. Este caso atenta a la libertad de expresión, de creación, de un artista. ¿Cómo se ve esto desde Europa?
“Piden a un juez europeo que acepte que escribir una canción es terrorismo”
– Es otra de las cosas que se están haciendo mal desde la Audiencia Nacional y desde el Tribunal Supremo. Plantean una extradición por un delito de terrorismo y se describen los hechos como escribir unas canciones. Es muy fuerte. Le están pidiendo a un juez europeo que comulgue con ruedas de molino y que acepte que escribir una canción es un delito de terrorismo. Pero esto lo han hecho con una sentencia que es una aberración jurídico.
– La mayoría de los medios de comunicación españoles, ¿por qué no efectúan una crítica al sistema judicial español? ¿Tiene la sociedad española una imagen distorsionada de su Justicia?
– Creo que la sociedad española tiene una percepción ajustada a la realidad. Probablemente, sean los medios de comunicación los que no están reflejando la percepción de los ciudadanos. Los medios extranjeros están cubriendo todo esto desde una imparcialidad y lo que se está proyectando es muy malo.
– Nacionalismo español en los medios de comunicación españoles. ¿Se anteponen los sentimientos a la razón al informar sobre estos casos?
– Basta caminar por las calles de Madrid, llenas de banderitas como si estuviéramos en un mundial de fútbol. Muchas de las cosas se hacen desde una perspectiva emocional e irracional en vez de desde una perspectiva jurídica y serena.
– Tras la decisión del tribunal alemán de no extraditar a Puigdemont por rebelión, el actual presidente del PP, Pablo Casado, llegó a pedir el cierre del Espacio Schengen europeo…
– Del señor Casado, viendo cómo obtuvo su máster y probablemente su título de abogado, no me extraña nada.
– Me ha dejado entrever que la suerte está echada en la sentencia del Tribunal Supremo, prevista para la primavera del próximo año, después del juicio previsto para el otoño…
– Todavía hay margen para que cambien las cosas, pero no sé si hay voluntad para ello.
– De ahí, ¿a Estrasburgo?
– Todavía vamos a dar muchas sorpresas.
– ¿Esperan que, al haber distintos países involucrados en este caso, las cotradicciones con el proceso español crezcan en los próximos meses?
– Sin duda van a ir creciendo. El propio juez Llarena lo reconoce en el momento en el que entra en pánico y retira las euroórdenes, incluso aquellas que todavía no habían sido respondidas ni se habían empezado a debatir.
