El 31 de agosto de 2012, el Partido Popular aprobó la base legal para la constitución de un banco malo. ¿Qué queda y quiénes son los responsables de esta estafa a la ciudadanía?
Un anuncio de venta de vivienda de la SAREB considerada el banco malo del estado // David F. Sabadell
Ya se había pedido ese “préstamo en condiciones ventajosas” que no iba “a cortar ni un euro a la ciudadanía”, según el que en aquel entonces se sentaba en la silla de ministro de Economía y que luego se ganó un ascenso al Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. Aquel préstamo era un rescate y el “ni un euro” ya ha superado los 60.000 millones de quebranto que el Banco de España da por perdidos. Y la cifra todavía no se ha cerrado.
Pero a Europa no le valía con que el PP y el PSOE pactaran un año antes un cambio en la Constitución Española para poner la deuda externa por delante de cualquier otro gasto, ni que se creara un nuevo marco legislativo para la “reestructuración y resolución de entidades”, ese bonito eufemismo para decir “rescatar, sanear y regalar esas entidades a bancos más grandes”. Desde la Unión Europea se llevaba nombrando mucho, para que nos sonara, un concepto que hasta el momento era nuevo para la mayoría: banco malo.
“No soy partidario del banco malo”, dijo Mariano Rajoy en repetidas ocasiones durante los meses previos a ese agosto de hace una década, muchas veces al unísono con su vicepresidenta Soraya Saez de Santamaría, que también lo repitió en varias ocasiones, mientras De Guindos aseguraba que no habría “la más mínima ayuda pública para un banco malo”.
“Esta operación nunca tendrá coste alguno para los ciudadanos“, dijo De Guindos ese 31 de agosto tras el Consejo de Ministros que anunciaba la creación del Banco Malo
Pero el verano de 2012 cambió la canción. “Esta operación nunca tendrá coste alguno para los ciudadanos”, dijo De Guindos ese 31 de agosto tras el Consejo de Ministros que anunciaba lo que llevaban meses negando: el Gobierno del Partido Popular aprobó la base legal para la constitución de un banco malo. Arrancaba la creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). El resultado, tras diez años: más de 50.000 millones dilapidados, un balance de propiedades totalmente opaco, ni un solo año que no haya dado pérdidas y 35.000 millones de deuda que el Eurostat obligó a contabilizar como deuda pública en lo más duro de la pandemia.
Más información: El saqueo de la Sareb Las puertas giratorias de la Sareb y las cajas quebradas – Martín Cúneo
Opacidad e incógnitas del Banco Malo
Tras esos diez años, varios directores, puertas giratorias, fondos de inversión que han hecho su agosto y de la toma de control por parte del Gobierno tras tener que asumir su deuda, ¿qué ha supuesto para la ciudadanía? ¿Qué queda del Banco Malo? ¿Quién debería responsabilizarse de semejante agujero que ha recaído sobre las cuentas públicas y, por lo tanto, sobre la ciudadanía?
Más allá del agujero económico, el Banco Malo fue la oportunidad que nunca se aprovechó para desarrollar un amplio parque de vivienda pública en alquiler social, según explica a El Salto Manuel Gabarre, investigador del Observatorio CODE y autor del libro Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler (Traficantes de Sueños, 2019), quien asimismo señala como agravante que “las viviendas que se deberían haber destinado a este fin han sido malvendidas por el Estado a través de la Sareb”.
“El Banco Malo ha supuesto un expolio público de una magnitud jamás vista hasta ahora que nos ha costado hasta el momento 15.000 millones, aunque lo peor está por llegar”, afirma Sánchez Mato
Por la parte económica, “el Banco Malo ha supuesto un expolio público de una magnitud jamás vista hasta ahora que nos ha costado hasta el momento 15.000 millones, aunque lo peor está por llegar”, afirma a El Salto el responsable del área económica y de elaboración programática de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato. Aunque, al igual que Gabarre, insiste en que “lo peor no ha sido el coste en términos de dinero público sino la oportunidad perdida que supone no haber dedicado las viviendas y el suelo a garantizar el derecho constitucional y en vez de eso haber participado en el proceso de acumulación entregando de nuevo a los más ricos ese patrimonio”.
“La Sareb no solo se ha comportado, hasta hace tan solo unos meses, como el peor de los fondos buitre, sino que contribuyó a alimentar la cultura del ladrillo”, dice Alejandra Jacinto
La abogada especializada en vivienda y diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, coincide en que se perdió esa oportunidad, pero apunta a la “humillación” que ha supuesto para aquellas personas que “viven al día, tratando de llegar a fin de mes y sin mucho más horizonte que no empezar el mes en números rojos”. Para Jacinto, “la Sareb no solo se ha comportado, hasta hace tan solo unos meses, como el peor de los fondos buitre que tengamos en la retina, sino que contribuyó a alimentar la cultura del ladrillo poniendo las mejores viviendas a la venta en un momento en el que los bancos solo daban dinero a quien no lo necesitaba porque ya lo tenía”.
Al preguntar a las distintas fuentes consultadas, varias coinciden en que el peor movimiento de la entidad “la constitución de Sareb como empresa privada cuando todos los implicados sabían que era una sociedad pública y que el Estado acabaría asumiéndola”, explica Gabarre en referencia a los 35.000 millones de deuda de la entidad que el Estado tuvo que contabilizar finalmente como deuda pública. Pero Gabarre también apunta a la opacidad de la Sareb: “Nadie sabe cuáles eran los bienes de la Sareb, por qué precio se han vendido o quién los ha comprado”.
Sánchez Mato fue una de esas voces que siempre criticaron y vigilaron la constitución del Banco Malo desde su creación, pero al preguntarle por cuál sería uno de los hechos que demuestren que todo lo que concierne a la Sareb ha sido una estafa a la ciudadanía, señala la contratación del producto derivado “que nos costará 4.000 millones” o, como lo llama Gabarre coincidiendo con Mato, “el SWAP de Belén Romana”, directora de la entidad desde su creación en noviembre de 2012 hasta enero de 2015, para luego fichar por el Banco Santander, uno de los beneficiados directa e indirectamente por las ventas del Banco Malo. “Cuando los tipos de interés bajaban, blindaron un mínimo disparatado”, lamenta Sánchez Mato en referencia al funcionamiento del SWAP que actúa como cláusula suelo.
“Se debería hacer una auditoría de todo lo que ha vendido la Sareb, a quién y por cuánto dinero”, dice el investigador Manuel Gabarre
La palabra más repetida cuando preguntamos qué se debería hacer con el banco malo es “auditoría”. “Se debería hacer una auditoría de todo lo que ha vendido la Sareb, a quién y por cuánto dinero —dice Gabarre—, pero también de qué es lo que tiene ahora, porque es público y están obligados a hacerlo”.
“El nivel de transparencia de la Sareb ha sido, y sigue siendo, tan bueno como el de la CIA —afirma Jacinto—, así que abrir las puertas y las ventanas de la Sareb de par en par sería el gesto mínimo que habría que hacer para demostrar que se ha acabado un ciclo”, apunta la diputada.
Una vez tengamos esa auditoría que aclare qué queda en la Sareb, “se debe paralizar cualquier venta y, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, empezar esa política de vivienda”, añade Gabarre.
¿Quién es responsable?
Tras abrir dichas puertas y ventanas del Banco Malo, faltaría conocer quiénes son los responsables de que “lo que no iba a costar ni un euro al contribuyente” haya acabado convirtiéndose en la mayor estafa al contribuyente de este país. Gabarre vuelve a señalar a ese proceso de abrir ventanas como la principal herramienta: “Los informes de auditoría deberían identificar a los responsables del desfalco de la Sareb”.
Jacinto cree que los actores responsables no son difíciles de identificar. “Vamos, están más que identificados”, exclama. Pero cree que las responsabilidades judiciales para hacer pagar por estos desmanes a sus responsables “tienen las patas muy cortas en un país donde los poderes no están tan separados como deberían, incluído el poder económico que lo saco de la ecuación”, poniendo el ejemplo del caso de Ana Botella con el caso del Ayuntamiento de Madrid.
“Urge una comisión de investigación”, afirma con rotundidad Sánchez Mato. “¿De verdad alguien cree que los mismos que han comprado mascarillas al triple de precio en plena pandemia y pagado comisiones millonarias no han vendido a precio inferior el patrimonio de la Sareb?”, se pregunta con retórica el economista de IU. Aunque él tiene claro quién tiene la responsabilidad: “Todo el consejo de administración de la Sareb y el FROB”.
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