Francisco Serrano, el exjuez candidato de Vox en Andalucía, ha contratado los servicios del bufete Martínez-Echevarría & Rivera, presidido por el antiguo líder de Ciudadanos, en una demanda contra Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, que ejerce de acusación popular en el caso que investiga la supuesta desviación de fondos públicos
“Acabo de recibir una demanda del juez Serrano firmada por el despacho de Albert Rivera (Martínez-Echevarría). Creerán que van a atemorizarme y silenciarme. Pues no, no voy a dejar de ejercer la acusación popular en la causa por fraude en subvenciones contra el candidato de Vox”, de esta manera informaba Rubén Sánchez, secretario general de la organización de consumidores FACUA, sobre la demanda presentada contra él.
Según ha podido saber LÚH, la demanda de rectificación radicaría en que los abogados del despacho de Albert Rivera consideran un “medio de comunicación social” el perfil personal de Twitter de Sánchez, algo que no ostenta bases en la jurisprudencia. “Esta parte no ha logrado encontrar en nuestra jurisprudencia ninguna sentencia por derecho de rectificación contra una persona física por una publicación en su perfil personal en una red social”, alega la defensa del secretario general.
Basan la premisa en que Sánchez es periodista, sin embargo, sus funciones profesionales no corresponden al de un medio de comunicación. “De considerarse así, cualquier persona podría interponer una demanda de rectificación contra cualquier particular por el mero hecho de que lo hubiese mencionado a través de su perfil en una red social”.
El secretario general de FACUA orienta que esta acción legal ha sido emprendida debido a que ejerce como acusación popular en las cuentas que Francisco Serrano tiene pendientes con la justicia, que le investiga por una supuesta desviación de fondos públicos, donde también toma parte en la defensa el despacho de Rivera.
La Fiscalía Superior de Andalucía interpuso contra él una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por un presunto fraude de 2,5 millones de euros en un crédito que solicitó la empresa Bio Wood Niebla, en lo que constataría un engaño al Ministerio de Industria. El caso recayó finalmente en un juzgado de Sevilla al renunciar Serrano a su aforamiento.
Toda una trama que está siendo investigada por diversos delitos, sumándose nuevos flancos tras el cierre de un cuenta bancaria donde se han descubierto 162 movimientos “propios de blanqueo de capitales”, según enuncia el propio atestado.
