- El magistrado solicita identificar a los funcionarios que integraron el sistema jerárquico de la Policía para impedir la votación
- El Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación popular, reclama a la Secretaría de Estado que «empiece a colaborar y deje de torpedear» la investigación
El juez indaga en quién y cómo se transmitieron las órdenes el 1-O // EFE
Nueva petición del juez que investiga las cargas policiales del 1-O en Barcelona. Tras citar como imputados a los ocho inspectores de los antidisturbios que comandaron el operativo sobre el terreno, el instructor continúa indagando cómo se transmitieron las órdenes del dispositivo de la Policía Nacional para impedir el referéndum.
En una providencia a la que ha tenido acceso este diario, el instructor solicita a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, y al Cuerpo Nacional de Policía «la llamada ‘cadena de mando'» del operativo del 1-O en la capital catalana. En concreto, a petición de la acusación popular que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona, el juez pide los funcionarios que la integraron así como sus números de carné profesional y categoría.
El magistrado Francisco Miralles lleva varios meses intentando desenmarañar cómo se dieron las instrucciones internas para intervenir en los distintos centros de votación el 1-O, en especial desde que en abril la Audiencia de Barcelona le instara a investigar «las órdenes dadas por los responsables» de la Policía.
Hasta ahora los sucesivos informes de Interior y de la Policía y el coordinador del Ministerio, Diego Pérez de los Cobos, han señalado como responsables últimos de las cargas a los ocho inspectores jefe de los antidisturbios de la Policía que se distribuyeron por los distintos distritos de Barcelona el 1-O y que, sobre el terreno, decidieron en qué colegio actuar. Se trata de los denominados «jefes de unidad de intervención».
Interior, tanto con el Gobierno del PP como con el del PSOE, ha insistido en que desde el centro de control de la Delegación del Gobierno, donde estaban Pérez de los Cobos, el entonces secretario de Estado José Antonio Nieto y el resto de mandos policiales, no se dieron órdenes a la Policía para que cargara el 1-O. «Nunca se dijo ‘intervención ya'», dijo gráficamente Nieto en su declaración como testigo.
Tampoco le consta a Interior que exista registro de comunicaciones orales o escritas desde el centro de mando que pilotaba Pérez de los Cobos hacia los agentes. Todo lo decidieron, según el Ministerio, los ocho inspectores jefe investigados en base a la instrucción que dictó Nieto dos días antes de la votación. Todos ellos están citados para declarar como imputados los próximos 9 y 11 de octubre.
Con todo, las acusaciones de los heridos y la que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona sospechan que las órdenes se dieron desde puestos más altos del escalafón. De ahí que el consistorio pidiera que el magistrado reclamara toda la cadena de mando. El concejal de derechos de ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, reclama a la Secretaría de Estado que «empiece a colaborar y deje de torpedear» la investigación.
Así, Serra pide a Interior que cumpla rápidamente con la petición del juez y no envíe «organigramas incompletos» ni «información que encubra a los responsables». «La responsabilidad no debe quedarse en los agentes concretos que actuaron de forma desproporcionada sino también en los responsables del diseño de un operativo ineficaz», agrega Serra.
Respecto al diseño del operativo, el instructor también ha requerido a la Policía que aporte a la causa –donde hay una cuarentena de agentes investigados– las actas levantadas de las reuniones previas para planificar el dispositivo policial del 1-O tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del 27 de septiembre que ordenó a los cuerpos policiales impedir el referéndum «sin afectar la normal convivencia ciudadana».
Asimismo, el juez ha pedido a la Secretaría de Estado y a la Policía información sobre la aplicación informática Gestor de Eventos y su funcionamiento durante la jornada de la votación. Este programa fue impuesto por Pérez de los Cobos a los Mossos como mecanismo de coordinación entre cuerpos –el coordinador suspendió las reuniones previstas entre mandos– en la jornada del 1-O, pero resultó un fracaso. El Gestor no servía para que los mandos diesen órdenes, sino que funcionaba en sentido contrario, para que los agentes sobre el terreno pudieran transmitir informaciones sobre lo que veían en las calles y en los centros.
