Con esta medida sin precedentes, el Ayuntamiento de Barcelona aplica por primera vez la ley de vivienda de 2007 que permite multar a la propiedad por acoso inmobiliario. Una “gran noticia” para el movimiento por la vivienda que ha impulsado el caso.
La campaña contra el acoso inmobiliario en el bloque de Floridablanca, 92 en el barrio Sant Antoni, Barcelona, comenzó en julio de 2018 // Víctor Serri
La subida de los precios del alquiler en las grandes ciudades ha multiplicado los casos de acoso inmobiliario. Con tal de expulsar a inquilinos que pagan rentas inferiores a los actuales precios de mercado o que obstaculizan operaciones especulativas, los grandes propietarios utilizan todo tipo de tácticas. Una de ellas, el abandono del edificio hasta que su deterioro lo hace invivible.
Es el caso del edificio situado en el número 92 de la calle Floridablanca, en el barrio Sant Antoni, de Barcelona, la segunda ciudad europea, después de Madrid, donde más ha subido el alquiler en los últimos meses, según la plataforma de alquiler de viviendas HousingAnywhere.
La Ley del Derecho a la Vivienda catalana de 2007 contemplaba la posibilidad de denunciar el mobbing inmobiliario, pero, hasta ahora, ningún municipio lo había hecho. Este 18 de marzo, el Ayuntamiento de Barcelona ha sido el primero, al anunciar que llevará ante la Fiscalía un expediente por indicios de acoso a la empresa Mas-Beya Fradera, propietaria de todo el bloque. Por la vía administrativa, el Gobierno municipal de Ada Colau ha impuesto a la propiedad una multa de 90.001 euros.
Desde el Sindicato de Inquilinos de Barcelona señalan que el paso dado por el Ayuntamiento es fruto de la campaña iniciada en julio de 2018 por esta organización junto con la PAH y el Observatorio DESC
El expediente se basa en las malas condiciones de la vivienda, con fugas en las bajantes fecales y cañerías de plomo, que hacen que el agua no sea apta para el consumo humano, y en una negativa a cumplir las órdenes de conservación que recibió la empresa por parte del Distrito.
Desde el Sindicato de Inquilinos de Barcelona señalan que el paso dado por el Ayuntamiento es fruto de la campaña iniciada en julio de 2018 por esta organización junto con la PAH y el Observatorio DESC. “Entonces dijimos que la violencia y el acoso inmobiliario no volverían a actuar con impunidad en la ciudad de Barcelona”, señala a El Salto Jaime Palomera, portavoz de esta organización encargada de defender los intereses de los inquilinos.
Noticia bomba que debería llegar a todos los rincones del Estado:
MULTA de 90.000 euros por acoso inmobiliario a un gran propietario. Prospera la denuncia que impulsamos, y podría subir hasta 900.000 euros. No hay precedentes.
¿Nos ayudas a difundirlo?https://t.co/hkXwzNCKKL pic.twitter.com/EkktozN9pF
— Jaime Palomera (@JaimePalomera) 19 de marzo de 2019
El acoso inmobiliario, explica Palomera, “es una pieza clave en las operaciones de expulsión de vecinos: cada día, especuladores, grandes propiedades, administradores de fincas y fondos buitre actúan de manera deliberadamente nociva contra las familias inquilinas que habitan sus hogares, algunas veces incluso utilizando la violencia y degradando sus condiciones de vida”.
En el marco de la campaña iniciada el pasado julio, la PAH, el Sindicato de Inquilinos y el Observatorio DESC presentaron una denuncia administrativa, pocas horas antes de que el Ayuntamiento hiciera lo mismo. Palomera define esta denuncia como “una herramienta para defender el derecho a la vivienda, ahora al alcance de las vecinas y vecinos de nuestras ciudades y barrios”. Según este portavoz, la denuncia y la multa muestran que el acoso inmobiliario tiene consecuencias: se puede actuar contra la empresas responsables e incluso multarlas. En este caso, con 90.001 euros, pero las sanciones recogidas por ley pueden llegar a ser de 900.000 euros.
“A partir de ahora ya no podréis seguir actuando de forma impune vulnerando los derechos de los inquilinos y saltándoos una ley que protege el derecho a la vivienda, atacando la dignidad y seguridad de las vecinas”
Jaime Palomera lanza una triple advertencia. A los vecinos y vecinas que están sufriendo acoso: “Les hacemos llegar toda nuestra solidaridad y apoyo. Les queremos decir que ‘no están solas’, que el acoso es ilegal y que tienen una nueva herramienta importante para defenderse”. A todos los ayuntamientos de Catalunya: “Tenéis la obligación de defender a las inquilinas que habitan la ciudad, y de perseguir y usar todo el peso de la ley para sofocar todos y cada uno de los casos de acoso inmobiliario. Poned recursos y tiempos. Haced cumplir la ley. Hay que parar el acoso inmobiliario”. Y a los responsables del acoso inmobiliario, a los grandes operadores o fondos buitre, propietarios y administradores de fincas: “A partir de ahora ya no podréis seguir actuando de forma impune vulnerando los derechos de los inquilinos y saltándoos una ley que protege el derecho a la vivienda, atacando la dignidad y seguridad de las vecinas”.
Los responsables del mobbing inmobiliario solo “entienden el lenguaje del dinero”, denuncia Palomera. Desde el Sindicato, afirma, denunciarán “sin excepciones” y exigirán multas contra todos los casos de acoso.
“Hoy celebramos los frutos de la primera denuncia que pusimos, y esperamos más. Pondremos más y trabajaremos para extenderlas por todas partes. Estaremos vigilantes para denunciar a los responsables de mobbing hasta conseguir erradicar el acoso inmobiliario”, dice.
Alpha y Fran
En Floridablanca, 92 hay 22 pisos. Entre ellos, el de Alpha Mikeliunas y Fran Ortega. Llegaron en 2010 y allí vivieron los primeros años sin mayores contratiempos. Pero poco a poco empezaron los problemas. La “primera cosa gorda” fueron los colectores de agua del patio de luces, picados y hechos de amianto, algo que es “ilegal”, cuenta Fran a El Salto. Nada comparado con las tuberías de plomo de todo el bloque que, según la inspección de Sanidad, hacían que el “el agua no fuera apta para consumo humano”, con concentraciones de este metal tóxico ocho veces superior al permitido.
Las peticiones para que la propiedad arreglara los desperfectos fueron desoídas sistemáticamente. Lo único que hacían los propietarios era “despejar balones”. En 2015, cuando todavía el mercado de Sant Antoni no había sido inaugurado y la nueva burbuja del alquiler no había alcanzado su clímax consiguieron un nuevo contrato de tres años, tal como marcaba la ley, con una subida de “solo” 100 euros.
Pero a medida que los precios del alquiler escalaban en toda la ciudad, la situación se volvió insostenible. “En esos años, el barrio había entrado en un proceso de mejoras, con el mercado, las calles peatonalizadas… algo que aprovechó la propiedad para revalorizar sus viviendas sin invertir. No quería reformar todo y ganar mucho más dinero, la idea era ganar más dinero sin hacer nada”, cuenta.
“Decidimos luchar por quedarnos. Descubrimos que hay mucha gente que está en la misma situación, que no estamos solos”, dice Fran
Alpha y Fran empezaron a informarse y a conocer algunos de los derechos que tenían como inquilinos. Primero intentaron negociar con la propiedad, la familia Fradera Bes, dueña del Instituto Francis de belleza, y cuando comprobaron que de esa forma no conseguían nada, comenzaron a enviar burofaxes y elevar quejas al Ayuntamiento. Muchos de sus vecinos pudieron renovar su contrato con subidas de entre 300 y 400 euros. Para Alpha y Fran la propiedad había pensado una solución diferente. En abril de 2018, les llegó la notificación más temida: en dos meses tendrían que irse de la casa y buscar piso en la “pesadilla” inmobiliaria de Barcelona. “Cuando vieron que nosotros íbamos a reclamar nuestros derechos no quisieron ofrecernos ni la renovación”, dice.
Alpha y Fran llevan años trabajando en el mundo del espectáculo. Y aunque no les ha faltado para vivir, explica, nunca han tenido el tipo de condiciones que piden en la mayoría de los pisos en la capital catalana: contrato fijo, años de antigüedad, dos nóminas, “todas esas cosas que piden los grandes tenedores de vivienda para asegurarse de que no se va a producir un impago”, cuenta Fran. No tenían nada fácil buscar otra vivienda con sus ingresos. “Decidimos luchar por quedarnos. Descubrimos que hay mucha gente que está en la misma situación, que no estamos solos”, continúa.
Habían visto panfletos y habían oído hablar de ellos, pero fue a partir de abril de 2018 cuando se pusieron en contacto con el Sindicatos de Inquilinos y la asociación barrial Fem Sant Antoni: “Ellos nos han orientado, nos han dado asesoramiento legal y nos ayudaron a ver que era algo que estaba a la orden del día y que le pasa a la mayoría de la gente en Barcelona. En el Sindicato no dejan de recibir casos, alrededor de 20 a la semana”.
Con el apoyo de estas organizaciones, hablaron con los vecinos de Floridablanca, 92 y con el Ayuntamiento, compilaron fotos, mails y todo tipos de documentos que demostraban que aquello que habían vivido Alpha y Fran le estaba pasando a todos los habitantes de la finca. Y demandaron a la propiedad con el apoyo del Sindicato de Inquilinos, la PAH y el Observatorio DESC. También con el respaldo del propio Ayuntamiento, que elevó su propia denuncia. Tras ocho meses de campaña, llegó la gran noticia: en una medida sin precedentes, la propiedad debería pagar un mínimo de 90.000 euros por acoso inmobiliario.
Para Fran, el reciente anuncio del consistorio de Barcelona, que multa y obliga a la propiedad a realizar mejoras en el edificio es “muy positivo” y puede contribuir a que los grandes tenedores de vivienda “no hagan este tipo de cosas impunemente”. Sin embargo, no asegura que ellos puedan seguir viviendo en lo que ha sido su hogar desde hace ocho años.
“Nuestra vida depende de esto, tenemos un arraigo en la comunidad, tengo mi trabajo dependiendo de donde vivo, he cumplido mi parte y no deberían poder echarnos”, dice Fran
Alpha y Fran siguen viviendo en el mismo piso, pero, desde julio, sin contrato. Todos los meses intentan pagar el alquiler de forma certificada, una operación que la propiedad rechaza una y otra vez. Mientras, esperan la decisión del juzgado donde se encuentra su caso, que podría terminar en desahucio.
“Ahora la administradora de la propiedad está amenazando a los vecinos, está llamando y diciendo que dentro de poco les toca renovar y que tienen que firmar un papel en el que digan que la propiedad los ha tratado con respeto. Se lo dijimos al Ayuntamiento y nos dijeron que ya lo sabían”, relata.
Para Fran la vivienda no se puede tratar como una mercancía más: “No hay que olvidar que la vivienda es un bien de primera necesidad, en teoría protegido por la Constitución… Nuestra vida depende de esto, tenemos un arraigo en la comunidad, tengo mi trabajo dependiendo de donde vivo, he cumplido mi parte y no deberían poder echarnos”.
