Más allá de la última polémica sobre unas palabras tergiversadas de Alberto Garzón, desde las filas populares se han alimentado en los últimos tiempos informaciones falsas. Las competencias de las residencias de mayores en la pandemia, el patrimonio de Irene Montero, la posición de Bruselas o el beneficio de los test de antígenos son algunos ejemplos.
El presidente nacional del PP, Pablo Casado, este viernes en una visita a una explotación ganadera en Navas del Marqués (Ávila). // David Mudarra
La labor de oposición del Partido Popular (PP) contra el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo dura. El líder de los populares, Pablo Casado, acabó el pasado año radicalizado contra el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos solo tres meses después de presentarse como «hombre de Estado» pactando la renovación de algunos órganos constitucionales. Pero más allá del tono, desde el PP han dado pábulo a una serie de manipulaciones o directamente bulos para atacar al Gobierno central. Los últimos meses han dado buena cuenta de ello, más allá de la última «polémica» suscitada por unas palabras manipuladas del ministro de Consumo, Alberto Garzón.
La gestión de la pandemia y la crisis del coronavirus en sí hicieron proliferar gran cantidad de noticias falsas. A las tesis negacionistas o de conspiración impulsadas principalmente por grupos de ultraderecha, se le unieron a nivel local una serie de afirmaciones y mantras repetidos por la derecha. Uno de los más sonados tenía que ver con la gestión y las competencias sobre las residencias de personas mayores, los lugares más trágicamente golpeados por la catástrofe sanitaria.
Desde la derecha mediática y política han venido repitiendo y culpando al exvicepresidente del Gobierno y exministro de Agenda 2030 y Derechos Sociales, Pablo Iglesias, sobre su responsabilidad en este asunto. Ya desde los primeros meses de la pandemia, en mayo y junio de 2020, diferentes dirigentes trasladaron este tipo de mensajes. Significativo fue un enfrentamiento dialéctico que tuvieron el secretario general del PP, Teo García Egea, e Iglesias en una sesión de control celebrada en el Congreso. El dirigente popular le acusó de ser «el único que manda» en estos centros de mayores e Iglesias le contestó que estaba mintiendo de manera «deleznable».
Aquel fue solo un ejemplo que se repitió en diferentes ámbitos incluso hasta hace unas pocas semanas en televisiones de ámbito estatal. También se sumó recientemente a la difusión del bulo el eurodiputado del PP José Manuel García Margallo, que fue tajantemente contestado por el exvicepresidente en directo en el programa Hora 25 de la Cadena SER. Justo en aquellos días, este periódico publicó una entrevista con Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. «Decir que Iglesias tenía la competencia sobre las residencias es un bulo», afirmó de forma rotunda, trasladando la responsabilidad a todo el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, del que él formó parte hasta su dimisión por diferencias con la gestión llevada a cabo.
Otro asunto que ha surgido de forma recurrente y también relacionado con integrantes de Unidas Podemos tiene que ver con el incremento de patrimonio de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Como analizaba en Público el activista digital Julián Macías, el bulo se resucitó en los últimos días a través de una pregunta parlamentaria realizada por el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero, ex de Ciudadanos. Diferentes medios de comunicación y usuarios de redes sociales replicaron una información manipulada y verificada por otros medios de comunicación. La «noticia» fue replicada por diferentes dirigentes del PP, como por ejemplo su responsable de comunicación online, muy activo en Twitter; y de Vox, como Hermann Tertsch.
Bruselas como comodín y las mentiras sobre la ley mordaza
Desde el PP de Casado han usado también recurrentemente a Bruselas como comodín para criticar diferentes medidas del Gobierno que, según sus declaraciones, no aceptarían en la Unión Europea. Un ejemplo claro sucedió hace unos meses cuando comenzaba a estar en el debate público la derogación, o no, de la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en 2013.
Los populares se escudaban en una supuesta postura inventada de que las instituciones europeas se negarían a la derogación de esa reforma. En ningún documento o declaración realizada desde Bruselas se contemplaba ese punto, aunque el PP insistía en su mensaje. En la misma línea, Casado se pasó meses acusando al Gobierno de Sánchez de «mentir» en Bruselas para conseguir que le dieran los fondos europeos. «Le van a pillar», llegó a decir. La concesión a España, el primer país europeo en recibir estas ayudas, desmontó su estrategia catastrofista, aunque el foco está puesto ahora en un presunto «reparto a dedo», que el Gobierno desmonta con datos.
Un ejemplo rotundamente claro sobre este tipo de manipulaciones e informaciones falsas transmitidas por el PP ha sido la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana
Un ejemplo rotundamente claro sobre este tipo de manipulaciones e informaciones falsas transmitidas por el PP ha sido la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. El líder del PP hizo suyo el argumentario de algunas organizaciones policiales en el que criticaban algunos puntos que no se incluían en la reforma lanzada por el Gobierno. Algunos ejemplos tenían que ver con la supuesta retirada de la presunción de veracidad de los agentes policiales, las grabaciones a policías, la comunicación previa de una manifestación o el uso de material antidisturbios, entre otros. Según el PP, la reforma desprotegería a los agentes, pero en la mayoría de argumentos en contra de la reforma existe una clara falsedad o tergiversación.
Garzón, antígenos y Presupuestos
Los últimos días han estado copados por la tremenda polémica montada alrededor de unas palabras de Garzón. Un supuesto «ataque» del ministro de Consumo a la ganadería y la carne española en unas declaraciones realizadas al periódico inglés The Guardian. La derecha ha explotado este asunto, pidiendo su cese a Sánchez, su reprobación en el Congreso, visitando explotaciones ganaderas y lanzando campañas en redes sociales con lemas como «más ganadería, menos comunismo».
Pero el caso es que, como se ha señalado por activa y por pasiva, la campaña contra Garzón se basa en un bulo. En algo que no dijo. Y que además ha servido para poner en el debate público un asunto de tanta relevancia como el de las macrogranjas. Estas instalaciones han destapado infinidad de incoherencias en el PP, también en el PSOE. Los populares han llegado a decir que las macrogranjas no existen a pesar de que se han manifestado en su contra en varias ocasiones en lugares como Castilla-La Mancha.
Paralelamente también han llegado a borrar tuits al respecto a pesar de que en localidades como Daimiel han aprobado recientemente la prohibición de este tipo de explotaciones. Las macrogranjas, por cierto, sí existen y tienen consecuencias medioambientales, de despoblación y maltrato animal.
Otro asunto puesto en circulación esta semana ha sido el del beneficio del Gobierno con los test de antígenos. El secretario general del PP afirmó en rueda de prensa que el Ejecutivo de Sánchez se estaba «llevando un buen pellizco» con la venta de estos test en las farmacias. Lo cierto es que los test de antígenos están exentos de pagar IVA y el Gobierno no recauda nada por ellos. El dirigente del PP ignoró este dato en su comparecencia ante los periodistas en la sede nacional de su partido. «Yo me pregunto cuánto ha recaudado el Gobierno en impuestos por los test de antígenos. Un buen pellizco», se respondió a sí mismo Egea.
Por último, esta misma semana los populares han ayudado a difundir otra información falsa. Se trata de la entrada en vigor de los Presupuestos de 2022. En este caso se ayudaron de una información publicada en El Confidencial, cuyo titular fue rectificado pocas horas después. La información fue difundida ampliamente por varios dirigentes del PP, como la vicesecretaria de Política Sectorial Elvira Rodríguez. Los populares acusaban de incompetencia y error al Gobierno por supuestamente no haber puesto fecha a la ley presupuestaria. Diferentes expertos tardaron poco en desmontar esa teoría, al igual que el propio Ministerio de Hacienda en un comunicado.
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