Indultados en democracia: el golpista Armada, el hermano del ministro y el torturador condecorado

Además del militar golpista Alfonso Armada, PP y PSOE han indultado a familiares de ministros, políticos corruptos como Jesús Gil y Gil y miembros de la Guardia Civil condenados por tortura

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MADRID // En 1870, gobernaba el general Prim y era regente el general Serrano; Benito Pérez Galdós escribía sus episodios nacionales; Cuba se revolvía ante la colonización española y el PSOE nacía en Casa Labra. Ese fue el año en el que se promulgó la ley que hoy en día legisla sobre los indultos de nuestro país. La muerte del militar golpista Alfonso Armada, uno de los ideólogos del 23-F, volvió a poner de actualidad no sólo la asonada, sino el indulto con el que el gobierno de Felipe González le favoreció. De los 30 años a los que fue condenado en 1983 tan sólo cumplió cinco, gracias al indulto que en 1988 firmaron Narcís Serra y el rey Juan Carlos.

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A lo largo de la historia de la democracia española han sido muchos los indultos que se han sacado de la manga los gobiernos del PSOE y el PP. Ambos han usado indiscriminadamente la potestad del indulto para favorecer a sus allegados y minimizar los delitos de aquellos que han sido próximos a sus ideas. La página web El Indultómetro, de la Fundación Ciudadana CIVIO, recoge que desde el año 1996 se han producido 10.158 indultos. En una pregunta en el Congreso, realizada en 2000, el PP reconoció que desde 1996 había realizado 3.500 indultos. El PSOE, entre 1993 y 1996, concedió 2.999 indultos.

Familiares del PP

“No se puede gobernar para indultar a los amigos”. Son palabras de Javier Arenas en diciembre del año 2000. Y lo cierto es que no se puede gobernar para indultar a los amigos, pero tampoco para indultar a los familiares. Hasta en dos ocasiones, el gobierno de José María Aznar, del que Arenas formaba parte, indultó a familiares de miembros del PP.

Gabriel Arias Salgado era hermano de Rafael Arias Salgado, ministro de Fomento en la primera legislatura de Aznar. Fue condenado a la pena de un año y medio de cárcel por un delito de falsedad documental cometido en una disputa familiar y patrimonial con su exmujer. A pesar de que la Fiscalía del Tribunal Supremo informó desfavorablemente al indulto, el Gobierno permutó la condena de prisión por una multa de 1.000.000 de pesetas. Cuando la noticia se hizo pública, el Ministerio de Justicia aseguró que se trataba de un error, que se mandaron dos telegramas a la Audiencia de Madrid y al Tribunal Supremo comunicando el indulto del hermano del ministro sin ser siquiera elevado al Consejo de Ministros. A pesar del “error”, el indulto a Gabriel Arias Salgado se publicó en el BOE días después, haciéndose efectivo.

Solo un año antes de las palabras de Javier Arenas, el familiar del PP indultado fue Ernesto Ollero, hermano de Andrés Ollero, magistrado del Tribunal Constitucional, que entonces ocupaba el puesto de senador en las filas del PP. El hermano del ahora miembro del Constitucional fue condenado a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la concesión de unos terrenos en Alcalá de Guadaira en el denominado “Caso Guerra”.

Jesús Gil, indultado con Franco y con el PSOE

Alfonso Armada no fue el único insigne indultado por parte del PSOE. Uno de los casos más llamativos fue el de Jesús Gil y Gil, indultado en dos ocasiones: una por Francisco Franco y otra por Felipe González. El primer indulto se le concedió en 1972 previo pago de una multa de 400 millones de pesetas por el derrumbe, en Los Ángeles de San Rafael, de un comedor del que fue constructor. Murieron 56 personas. El segundo indulto, ya en democracia, fue concedido por el PSOE y firmado por el rey Juan Carlos. Esta vez, el delito del que se exoneró a Jesús Gil fue el de estafa. Se le libró de la pena de privación de libertad y se le levantó la inhabilitación. Algo que, a la luz de los hechos posteriores, demostró ser un grave error.

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Indultos en la guerra contra ETA

La guerra contra ETA fue prolífica en cuanto a indultos se refiere. No solo los plenamente conocidos implicados en el “caso GAL” de Jose Barrionuevo, Rafael Vera y Ricardo Damborenea concedidos en 1999 por el gobierno de José María Aznar, sino muchos más de menor intensidad dirigidos a miembros de la Guardia Civil condenados por torturas.

José Antonio Hernández del Barco y José Pérez Navarrete fueron condenados en 1992 por el Tribunal Supremo por torturar a Juana Goicoetxea en 1982. En 1993, ambos fueron indultados por el gobierno del PSOE y reincorporados al servicio activo. Jose Luis Corcuera, ministro del Interior, defendió el indulto y la reincorporación a pesar de que había dicho en el Congreso que no daría cobijo a agentes torturadores. Los indultos a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado condenados por torturas fueron tristemente habituales. Manuel Barroso y José Domínguez Tuda, condenados por torturar a Jokin Olano en 1983, fueron indultados en 1995. El caso de José Dominguez Tuda es bastante peculiar, ya que no fue la primera vez que fue condenado e indultado por torturar. En 1991 ya había sido indultado del delito de torturas por Enrique Múgica Herzog, ministro de Justicia del PSOE. Un miembro de la Guardia Civil condenado dos veces por tortura que tenía desde 1982 concedida la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

La historia del etarra indultado por Ángel Acebes

Uno de los indultos más extraños que se han concedido en la historia de la democracia es el del miembro de ETA Igor Martínez de Osaba. En enero de 2001, el gobierno de José María Aznar le concedió el indulto ante un delito de insumisión (se había negado a realizar el servicio militar). En 2001, cuando le fue concedido el indulto, Igor Martínez de Osaba se encontraba detenido desde 1999 por ser uno de los conductores de las dos furgonetas bomba —encontradas en la provincia de Zaragoza para atentar en Madrid— y por el asesinato del subteniente de la Guardia Civil Alfonso Parada, en 1998. No obstante, el indulto no permitió que Igor Martínez de Osaba saliera de la cárcel, ya que estaba a la espera de juicio por estos crímenes, por los que finalmente se le condenó a 29 años de cárcel.