Instrucción número 6: radiografía del juzgado “excepcional” que ha investigado a Pablo Iglesias

Su titular, Manuel García Castellón, decidió volver a su plaza con 64 tras 16 años en destinos dorados en el extranjero después de que Ignacio González lo propusiera en un pinchazo. Alejandro Abascal, uno de sus dos jueces de refuerzo, fue propuesto por el PP como vocal del Poder Judicial en el frustrado intento de renovación de 2018

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El juez Manuel García Castellón, en la Audiencia Nacional // EFE

Tres jueces para un mismo juzgado. Esta es una de las excepciones que representa el Central de Instrucción número 6 en la historia de la Audiencia Nacional. El juzgado en el que el Partido Popular se juega su futuro, con la investigación del espionaje a Luis Bárcenas y el caso de la financiación irregular de la formación en Madrid, y que acaba de proponer al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Al frente está Manuel García-Castellón, el magistrado al que el Gobierno de Aznar y después el de Rajoy enviaron a los codiciados destinos de juez de enlace en París y Roma. Como magistrado de refuerzo ejerce uno de los puntales de la derecha judicial pese a su juventud, Alejandro Abascal. Y como apoyo de los dos primeros, Joaquín Gadea, miembro de la mayoritaria asociación conservadora de jueces, al igual que Abascal.

A sus 64 años, y tras más de tres lustros en destinos dorados en el extranjero, Manuel García-Castellón decidió en mayo de 2017 regresar a su plaza en la Audiencia Nacional. Su vuelta a España dejó sin efecto el concurso convocado para cubrir la vacante que había dejado tras ser ascendido Eloy Velasco, el juez que lo estaba sustituyendo. Un concurso incontrolable que habría ganado el magistrado con más antigüedad de cuantos aspirasen a instruir los sumarios de corrupción más sensibles del momento, Púnica y Lezo, y que traían de cabeza a varios dirigentes del PP, entonces en el Gobierno.

En esas dos investigaciones estaba y está implicado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien la UCO cazó en un pinchazo del 22 de noviembre de 2016 ideando un plan para mandar a Velasco a “escarbar cebollinos” y traer de vuelta a García Castellón.

“Yo le llamo a éste y le digo: oye ven aquí, el titular aquí y éste… a tomar por culo”, dice González al exministro del PP Eduardo Zaplana.

Apenas seis meses después, Velasco, junto al hoy secretario de Justicia del PP, Enrique López, fue ascendido a la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una segunda instancia que organismos internacionales venían reclamando a España desde la misma creación del tribunal especial. Y García-Castellón volvió a España.

A Ignacio González el plan no le salió demasiado bien. García-Castellón le ha mandado a juicio por el caso Lezo y le sigue investigando en Púnica, una causa en la que ha imputado a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la financiación irregular del PP regional. También interrogará próximamente al exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz y a su ex número dos, Francisco Martínez, por el espionaje a Luis Bárcenas. Anticorrupción le ha pedido que impute también a María Dolores de Cospedal, pero García-Castellón ha optado por escuchar primero la declaración trascendental de Martínez.

El supuesto espionaje al extesorero con fondos reservados —del que ha salido a la luz abundante documentación en los últimos días al levantarse el secreto de sumario— ha quedado parcialmente opacado esta semana por otra relevante decisión de García-Castellón: la petición al Tribunal Supremo para que impute a Pablo Iglesias precisamente en una de las piezas menores del caso Villarejo, la relativa al robo del móvil de una excolaboradora. El juez ha solicitado la apertura de una causa penal contra el vicepresidente atribuyéndole el delito de denuncia falsa y/o simulación delito por urdir un supuesto montaje para obtener “rédito electoral”, de acuerdo a la teoría que le presentó un abogado despedido de Podemos que decía hablar por boca de terceros. Anticorrupción había advertido al juez que sin denuncia de Dina Bousselham no podía atribuir los otros dos delitos que el juez atribuye a Iglesias: daños informáticos y revelación de secretos. Este viernes, Manuel García-Castellón acusó a miembros del Gobierno y de “algunos medios de comunicación” de alentar una campaña en redes sociales contra él tras esta decisión.

Dos jueces de refuerzo

Las decenas de resoluciones que componen el sumario del caso Villarejo llevan su firma, pero García-Castellón no trabaja solo en el Central de Instrucción número 6. Tiene a su disposición hasta dos jueces de refuerzo, una situación inédita en el tribunal especial, confirman a elDiario.es fuentes jurídicas. De hecho, en la actualidad, es el único de los seis juzgados de la Audiencia Nacional que cuenta con jueces de apoyo. Y en este caso no es uno —que suele ser lo habitual cuando hay sobrecarga de trabajo— sino dos.

Estos jueces son Alejandro Abascal y Joaquín Gadea, ambos son miembros activos de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ambos nombrados de manera discrecional por el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), controlado por los conservadores, y que está en funciones desde hace casi dos años.

El de Abascal fue uno de los diez nombres que el PP de Pablo Casado puso encima de la mesa en la frustrada renovación del órgano de gobierno de los jueces de 2018. Si ese intento no hubiera saltado por los aires posiblemente sería a día de hoy uno de los vocales conservadores de la cúpula del Poder Judicial. El acuerdo entre el PP y el PSOE no salió adelante al filtrarse un mensaje en el que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, asumía que con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente se controlaría “por detrás” la Sala de lo Penal del Supremo.

Abascal, de 42 años y con destino en un juzgado de Fuenlabrada, trabaja codo a codo con García-Castellón en la Audiencia Nacional desde febrero de 2019, cuando el CGPJ lo eligió en sustitución de Diego de Egea, quien renunció a continuar en ese puesto de refuerzo alegando motivos personales. El órgano de gobierno de los jueces acordó que la comisión de servicio fuera para él en detrimento de la magistrada Rosa Freire, impulsora de la causa sobre la destrucción de los discos duros de Bárcenas y a la que el PP intentó apartar de ese caso.

El CGPJ valoró como principal mérito de Abascal que ya tenía “experiencia” en ese juzgado, en el que estuvo en comisión de refuerzo entre marzo y diciembre de 2016. De hecho, Eloy Velasco, entonces titular del juzgado en ausencia de García-Castellón, pidió que continuara como refuerzo pero el órgano de gobierno de los jueces se lo denegó al considerar que la situación de sobrecarga del juzgado había mejorado y que esos apoyos eran algo excepcional. A los dos meses de volver a la Audiencia Nacional, García-Castellón ya contaba con juez de refuerzo. Diego de Egea primero y Alejandro Abascal después.

La jueza Freire impugnó el nombramiento de este último en el Supremo y acusó al CGPJ de obviar todos los méritos que le eran “objetivamente favorables” —como su mejor número en el escalafón— y de idear “un mérito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma”. En el entorno de la magistrada confirman que el Alto Tribunal todavía no ha resuelto su recurso. Entre tanto, el Poder Judicial ha prorrogado en hasta tres ocasiones la comisión de servicio de Abascal, la última el pasado 27 de mayo y por un período de seis meses.

Abascal compatibiliza su cargo judicial con el ejercicio de la docencia en el CES Cardenal Cisneros. Es el mismo centro privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid en el que Pablo Casado aprobó en cuatro meses, entre junio y septiembre de 2007, doce de las 25 asignaturas de las que constaba la carrera de Derecho y cuando acaba de ser elegido diputado autonómico en Madrid. Abascal está autorizado a dar clases siempre que éstas se impartan a partir de las 15 horas y no le impidan el cumplimiento de sus deberes judiciales, según la resolución de la Comisión Permanente del CGPJ.

El otro juez de apoyo, Joaquín Gadea, de 39 años, llegó al Central de Instrucción número 6 por una vía muy poco habitual, admiten fuentes jurídicas. Una disposición adicional que el Gobierno del PP introdujo en el verano 2015 en la ley del Poder Judicial y que permite al CGPJ asignar jueces de refuerzo “para la mejor instrucción de causas complejas” y previa propuesta del titular del juzgado en cuestión.

La peculiaridad de esta figura es que no tiene función jurisdiccional y su función, sobre el papel, se limita a “labores de colaboración, asistencia o asesoramiento”. El CGPJ acordó el nombramiento discrecional de Gadea el 18 de diciembre de 2019 y lo renovó por otros seis meses más el pasado 4 de junio.

Juez de Adscripción Territorial destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Gadea fue uno de los tres magistrados que dictó la condena a un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia a Quim Torra por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la precampaña de las generales de 2019.

A diferencia de Gadea, Abascal sí puede sustituir a García-Castellón en la toma de declaraciones o en la firma de resoluciones cuando esté ausente. Eso sí, no puede instruir casos anteriores a su llegada al juzgado, solo encargarse de los nuevos que entren. En cualquier caso, fuentes jurídicas aseguran que los tres comparten sus posiciones sobre las causas y debaten a menudo sobre ellas.

Una “excepción” en la Audiencia Nacional

Que un instructor tenga dos jueces de apoyo es una total excepción, incluso en la Audiencia Nacional, si bien el Central de Instrucción número 6 tampoco es un juzgado cualquiera. Además de Púnica y Lezo, instruye la trama policial, empresarial y política en torno al comisario Villarejo, el caso de los CDR, el presunto fraude en obras hidráulicas de Acuamed o la quiebra de la tecnológica ZED. Esta acumulación de causas mediáticas es fruto del azar, aseguran las fuentes consultadas, pues el reparto de asuntos entre los juzgados se realiza a través de un programa informático que garantiza que se haga de forma aleatoria. Además, el juzgado que está de guardia asume los atestados, denuncias y querellas que se presenten durante la misma, según las normas del tribunal especial.

La carga de trabajo de García-Castellón en la Audiencia Nacional es sin duda muy superior a la que tenía en sus anteriores destinos en París y Roma. Las pocas plazas de juez de enlace son destinos muy preciados que el Gobierno otorga como premios, aseguran fuentes jurídicas, pues además de que el ritmo de trabajo es mucho menor, las remuneraciones también son mayores y superan los 130.000 euros anuales. Es decir, García-Castellón regresó a España en mayo de 2017 asumiendo que iba a ganar menos y trabajar más.

Pero es que en su caso, la gratificación en el extranjero había sido doble. Fue destinado primero a París, pero cuando el Ejecutivo quiso enviar allí a Juan Pablo González, otro de los magistrados considerados próximos al PP, le buscó el destino de Roma. Por si acaso, el magistrado mantuvo contactos para no volver a la Audiencia Nacional, según fuentes próximas al mismo. La capital de Italia fue el destino al que cinco años después renunció voluntariamente. Antes de su periplo internacional, García-Castellón instruyó casos tan relevantes como Banesto o el asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA.

Casi dos décadas después, de nuevo muchas miradas están puestas sobre el juez que ha pedido la imputación de todo un vicepresidente del Gobierno por urdir un supuesto montaje para obtener “rédito electoral”. García-Castellón ha hecho compatible esa acusación con imputar a Villarejo y dos periodistas en la pieza que, con el apoyo de Anticorrupción, nunca llegó a convertirse en la investigación de las maniobras policiales y mediáticas que sufrió Podemos para no alcanzar el Gobierno en 2016.


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