La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, a petición del juzgado de València, señala a los exconcejales Miquel Domínguez y Cristóbal Grau, actual secretario del grupo municipal del PPa
Cristóbal Grau, exconcejal de Deportes y actual asesor del PP, uno de los principales adjudicadores de los contratos investigados // EFE
Álvaro Pérez, El Bigotes, toda una autoridad en materia de corrupción, dijo en una comisión de investigación de las Corts Valencianes que el Grupo Trasgos era la «empresa de cabecera» del fallecido Juan Cotino. La agencia de comunicación que presuntamente financiaba al Partido Popular en la ciudad de València, investigada también en el marco del caso Taula, ingresó 2,7 millones de euros de los distintos departamentos del Ayuntamiento de Valencia entre los años 1999 y 2013, según un informe de la Unida de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional al que ha tenido acceso eldiario.es.
El pormenorizado análisis efectuado por los investigadores muestra todo tipo de irregularidades administrativas comunes en los presuntos casos de corrupción: fraccionamiento de contratos, empresas inmobiliarias que prestan servicios de comunicación, criterios de valoración en las mesas de contratación indeterminados, contratos que se firmaban un mes después de prestarse el servicio, reparos de la Intervención delegada…
Esta causa está siendo instruida en el juzgado de Instrucción número 20 de València y nace de una denuncia de 2014 presentada por Joan Ribó, cuando era concejal de Compromís en la oposición. A partir de ahí se abrieron diligencias que se centraron en un primer informe de la Udef sobre la denuncia. Este segundo informe fue encargado por el juez para investigar de manera detallada toda la documentación que aportó el Ayuntamiento de València posteriormente sobre los contratos adjudicados al grupo de empresas vinculadas a Trasgos. La policía ha tardado tres años en analizar la documentación. Trasgos ya está siendo investigada en una causa paralela por presunta financiación ilegal del PP de València en el juzgado de Instrucción número 18 de València.
Adjudicaciones a las empresas del grupo Trasgos por parte del Ayuntamiento de València.
El informe, elaborado por nueve agentes de la Udef, analiza la facturación del Grupo Trasgos (propiedad de Antonio Puig Payá y de Vicente José Peris Montesinos) entre 1999 y 2013 y destaca que la mitad del botín proviene de la Delegación de Deportes del ayuntamiento, en manos del concejal del PP Cristóbal Grau. Grau es actualmente asesor en el Ayuntamiento de València y secretario del grupo municipal del PP.
La Udef ha detectado repetidos fraccionamientos de contratos a pesar de que las normas de contratación en vigor impedían esa opción. En otros casos, el consistorio gobernado por Rita Barberá recurrió a procedimientos negociados. En un expediente de contratación sobre la publicidad del Plan Director de Instalaciones, Trasgos Comunicación emitió una factura de 18.036,36 euros que la Intervención delegada paralizó por «disconformidad». A pesar de ello, el reparo de la Intervención «fue levantado por el presidente de la Fundación», señala el informe.
En el caso de la contratación del servicio de comunicación y plan de medios para la capitalizad europea del deporte en València, la factura de 47.200 euros no detallaba el coste unitario del trabajo realizado, lo que «imposibilita verificar, y en consecuencia certificar correctamente, que el servicio prestado se corresponde en unidades y precio con lo solicitado» por la Fundación Deportiva Municipal. En otro expediente sobre un proyecto para la feria ExpoJove no constaba la renuncia de una de las empresas, Trasgos presentó la documentación fuera de plazo y, además, la factura de 29.000 euros carece de registro de entrada y no especifica los trabajos realizados, las unidades ejecutadas ni su coste unitario.
En la siguiente edición de la feria ExpoJove, Trasgos volvió a obtener la adjudicación (en la que los criterios subjetivos suponían el 60% del total) y el contrato se firma «cuando ya se encontraba celebrando la feria, y dos días antes de su finalización». Al año siguiente, el contrato se firmó casi un mes después de la celebración de la feria.
El informe ha detectado el uso injustificado de la caja fija para abonar servicios que en ningún caso suponían un «gasto periódico o repetitivo». «No debería haber seguido el mecanismo de anticipo de caja que exige que el gasto tenga esas características sino que puesto que se trataba de un gasto ya realizado debería haberse tramitado como reconocimiento de crédito», explica.
Los investigadores también han detectado que «se ha empleado de forma recurrente la convalidación de gasto tanto de ejercicios anteriores cerrados sin autorización y sin cobertura presupuestaria, como del ejercicio corriente sin autorización y con cobertura presupuestaria». Los responsables municipales de la época de Rita Barberá recurrieron frecuentemente al reconocimiento extrajudicial a pesar de la disconformidad de la Intervención delegada.
Así, la Udef sostiene que se trata de «gastos del ejercicio corriente, sin autorización y sin cobertura presupuestaria». En varios expedientes de las áreas de Seguridad Ciudadana y de Policía Local, el Servicio Fiscal de gastos emitió informes con reparos «al tratarse de gastos correspondientes a ejercicios cerrados sin crédito presupuestario, sin autorización y sin previa fiscalización». En este caso, los investigadores apuntan al exconcejal de Seguridad Ciudadana Miquel Domínguez.
Además, según la documentación municipal, «no consta el acuerdo del pleno del ayuntamiento donde se levanta el reparo y se aprueba el reconocimiento extrajudicial a favor de Trasgos». Los investigadores solo han localizado la notificación a la empresa del acuerdo adoptado (tampoco consta el justificante de pago).
En varios concursos se presentaron indisimuladamente dos empresas del Grupo Trasgos, «vulnerando con ello el principio de libre concurrencia en los contratos públicos», apunta el informe policial. La Udef ha localizado expedientes de contratación adjudicados a empresas del grupo cuyo objeto social nada tenía que ver con la comunicación. Cuco Comunicación SL se llevó el diseño y gestión de un stand en ExpoJove cuando la mercantil del Grupo Trasgos se dedica a la telefonía móvil. Construcciones Paya y Montesinos SL también obtuvo contratos para la feria ExpoJove a pesar de que se dedicaba al sector inmobiliario. La misma «inconsistencia en la actividad desarrollada», según la definición de la Udef, se dio en los contratos de estas dos empresas para la Japan Week, un evento potenciado por el ayuntamiento de Rita Barberá.
La constructora ingresó de las arcas municipales 184.175 euros y la empresa de telefonía móvil 413.231 euros. La empresa del grupo que más facturó fue Trasgos Comunicación SL (2,1 millones). En total, el botín de los presuntos financiadores del PP de Rita Barberá fue de 2,7 millones de euros.
