La dirección general de la Seguridad Social cambió la interpretación del Real Decreto, estableciendo la obligatoriedad de que las solicitudes de los coeficientes reductores para la edad de jubilación debían presentarse conjuntamente con la patronal. Una victoria judicial de la CGT revierte esta lectura del texto, que abre todo un abanico de posibilidades para que algunos profesionales puedan jubilarse antes de los 67 años.
Retirada de placas de fibrocemento comunmente conocida como Uralita y cuya fabricación incluía fibra de amianto como elemento aglutinador // David F. Sabadell
A José Luis Rodríguez Zapatero le quedaban dos días de legislatura cuando decidió aprobar un Real Decreto, el 1698/2011, por el que se regulaban los coeficientes reductores para la edad de jubilación. Dirigido a aquellas profesiones cuyos trabajadores sufren una especial penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad, ninguno de ellos se ha beneficiado de la medida, excepto algunas policías, afirman desde la Confederación General de Trabajadores (CGT). Este sindicato, además, denunció un cambio de parecer por parte de la Dirección General de la Seguridad Social (DGSS) que suponía, materialmente, la paralización de cualquier expediente al respecto.
La nueva interpretación consideró obligatorio que la presentación de solicitudes tenía que estar avalada también por las organizaciones patronales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sala de lo Contencioso Administrativo, ha dado la razón a la CGT, por lo que miles de trabajadores se podrán beneficiar de un Real Decreto que apenas ha tenido mayor recorrido que su promulgación hace una década.
“Si fuera ministro, quizá sí podría jubilarme a los 67, pero si soy un conductor de un autobús escolar no sabría hasta qué punto es seguro seguir trabajando con más de 60 años”, comenta Tomás Rodríguez
“Puede parecer mentira, pero hay oficios que hace que la gente se muera antes, como ha quedado comprobado en aquellos trabajadores que se han pasado años expuestos al amianto, aunque esta victoria también servirá para muchas otras profesiones arriesgadas como la fundición del hierro colado o la fabricación de productos de hierro, acero o ferroaleaciones”, comenta al respecto Tomás Rodríguez, secretario de Acción Sindical de la CGT a nivel confederal. La victoria sindical, de todas formas, no supone que se aprueben todos los expedientes presentados por parte de las organizaciones, aunque el hecho de no tener que contar con la parte empresarial ayuda enormemente a una primera aceptación de los mismos desde la DGSS.
Más información: Galiza Amianto, polvo blanco en buzo azul – Pablo Santiago
Rodríguez incide en que “a día de hoy, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene poca intención de dar cumplimiento a este real decreto, teniendo en cuenta su reiterada negativa a que los trabajadores se puedan jubilar antes de los 67 años”. Parafraseándole, parece inconcebible que un bombero forestal pueda estar hasta casi sus 70 años apagando fuegos en el monte. “Si fuera el director del Banco de España o ministro, quizá sí podría jubilarme a esa edad, pero si soy un conductor de un autobús escolar no sabría hasta qué punto es seguro seguir trabajando con más de 60 años”, en sus propias palabras.
Tan solo algunas policías municipales se han podido beneficiar del Real Decreto, según afirman desde la CGT. A pesar de ello, la central sindical ha tramitado expedientes relacionados con la exposición al amianto o trabajos ligados a la automoción por cuestiones musculoesqueléticas, ya que “trabajar en una cadena de montaje realizando el mismo movimiento durante 40 años machaca la salud de cualquier persona”, asegura Rodríguez.
Cuestión de dinero
Rodríguez indica que el cambio de parecer respecto al proceso de tramitación de expedientes que obligaba a los sindicatos a contar con la patronal se dio hace unos cinco años, con el Gobierno del PP, aunque ha sido mantenido por los sucesivos gobiernos socialistas. En todo este tiempo, en ningún caso la parte patronal ha facilitado la tramitación de estos expedientes. “El problema es el dinero, como siempre. Si alguien se jubila antes, deja de aportar a la caja de la Seguridad Social y empieza a ser un coste para el Estado, esa es la cuestión”, desarrolla el secretario de Acción Sindical. Las consecuencias son claras, agrega: “Si hay alguien que con 60 años no puede rendir en su empresa por estos motivos, le acabarán despidiendo e irá a engrosar las listas del paro. Hay profesiones que requieren una determinada actitud, y si no la tienes la empresa no seguirá contando contigo”.
Asimismo, desde la CGT denuncian que, incluso de forma previa al cambio de criterio, tampoco se había autorizado ningún coeficiente reductor, pese a que este mismo sindicato ya ha presentado solicitudes hasta en 26 ocasiones, aceptadas todas ellas. “Se están tramitando. Es un proceso complejo que requiere muchísima minuciosidad, aunque es inevitable que en algún momento tenga que resolverse. No podemos tener a la gente trabajando hasta edades insufribles, especialmente en algunas profesiones”, denuncia el propio Rodríguez. De esta forma, cada coeficiente reductor sería distinto en función de la profesión y su exposición a la pérdida de salubridad. La edad de jubilación, que con carácter general asciende hasta los 67 años, se verá mermada si finalmente sale adelante el mencionado coeficiente en una horquilla que oscilará entre los 5 y 10 años aproximadamente, afirma Rodríguez.
Materiales tóxicos, amianto, trabajos pesados
Miguel Fadrique es secretario general de la Federación del Metal de CGT a nivel confederal, uno de los ramos que más se podrá ver beneficiado a partir de ahora. “Entendíamos que presentar algo como sindicato de la mano de la patronal era inviable porque tenemos posturas totalmente diferentes, así que ahora se resuelve contra la Dirección General de la Seguridad Social al haber hecho una interpretación errónea del Real Decreto”, argumenta a El Salto. La demanda se pronuncia, en concreto, sobre el sector petroquímico, pero desde el sindicato la entienden como extensible a cualquier otro ámbito laboral: “Compañeros de limpieza de centrales térmicas o cualquier trabajador que manipule materiales tóxicos, inflamables, realice trabajos repetitivos muy pesados, o que hayan estado en contacto con el amianto, seguro que pueden intentar obtener un coeficiente reductor de su edad de jubilación”.
“Ahora tenemos un Gobierno del mismo color que impulsó y aprobó en su día el Real Decreto, así que les toca mover ficha y decir qué va a hacer”, concluye Fadrique
El sector ferroviario se conoce muy bien esta cuestión. Pablo Villanueva, coordinador de los talleres del Grupo Renfe a nivel estatal también en la CGT, consiguió los coeficientes reductores para algunas categorías laborales en 2002. “Tenemos compañeros que se han jubilado con 61 años gracias a aquella victoria porque llevaban 40 en la categoría de calderero chapista soldador”, ilustra. Este trabajador de Valencia también es conocedor de los peligros que ha entrañado durante décadas el trabajo con amianto por parte de los profesionales ferroviarios: “Hay gente que ha fallecido específicamente por desarrollar un cáncer de pulmón por asbestosis dada su exposición a este material”, dice al respecto. De hecho, tal es la casuística, que este mismo representante sindical informa de que un juez de Málaga ha concedido una indemnización para la viuda de un trabajador del sector ferroviario que falleció por este motivo.
La posición del Gobierno, antes y ahora
Desde su punto de vista, el Real Decreto promulgado en las últimas horas de la legislatura de Zapatero “necesita una gran inversión por parte del Gobierno que venga presupuestada en las cuentas generales del Estado para poder hacer efectiva la anticipación de la jubilación de todos aquellos trabajadores con gran peligrosidad en su puesto de trabajo”. Fadrique recuerda la fecha de la publicación del Real Decreto: el 18 de noviembre de 2011. “Eso ya nos da a entender que iba a ser un brindis al sol, porque todo el mundo sabía que el día 20 Rajoy ganaría con mayoría absoluta y dejaría aparcada la normativa”, en sus propias palabras. Según su análisis, el Ejecutivo no da suficiente importancia a un asunto de salud laboral, además de que actuara con “mala fe dado el cómo y la fecha en la que se hizo”.
El cómo, en este sentido, también es criticado por el miembro de la Federación del Metal: “El texto está muy poco definido y no concretiza demasiado la forma de presentar los expedientes para solicitar los coeficientes de reducción. Tampoco habla de sectores en concreto de aplicación. Fue un Real Decreto para salir del paso”, sentencia. “Ahora tenemos un Gobierno del mismo color que impulsó y aprobó en su día el Real Decreto, así que les toca mover ficha y decir qué va a hacer”, concluye Fadrique aludiendo a José Luis Escrivá, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
+reciente: Hacienda se niega a incluir en los Presupuestos el fondo de compensación a las víctimas del amianto – publico.es, 25-10-2021
