- Solicitan una comisión de investigación para esclarecer quiénes son los «responsables políticos»
- Ante la posibilidad de que se repitan elecciones no descartan pedir que se apliquen medidas de urgencia para que los españoles «exiliados» tengan más tiempo para votar
Los grupos parlamentarios Podemos-En Comú, Podem-En Marea y los diputados de Compromís registraron este jueves en el Congreso una petición para crear una comisión de investigación que sirva para estudiar las posibles irregularidades en el procedimiento del voto desde el extranjero –el llamado voto rogado– implantado en 2011 a través de una reforma de la ley electoral. El objetivo de estos partidos es también que se depuren las posibles responsabilidades políticas de quienes la impulsaron: PSOE, PP, CIU y PNV.
Según denunció en rueda de prensa el diputado y secretario de Relaciones Internacionales de Podemos, Pablo Bustinduy, estos partidos eran conscientes cuando impulsaron o permitieron esta reforma de que se iba a privar a los «miles» de jóvenes «exiliados» en el extranjero de su «capacidad de tener voz».
«No queremos sólo que se derogue la reforma, queremos que aquellos que son responsables tengan que rendir cuentas», defendió Bustinduy, e insistió en que deben explicar ante los españoles «qué razones manejaban» para implantar un procedimiento «cuyas consecuencias estaban claras». «En una democracia el derecho al voto es la condición misma de ser ciudadano. Si no se es un súbdito», añadió.
Esperanza Jubera, representante de los militantes de Podemos en el extranjero, explicó que la nueva reforma, además de mantener las deficiencias del sistema anterior como la desactualización del censo electoral, o los plazos insuficientes de envío y recepción de papeletas, supone un empeoramiento de los trámites, ya que se acortan aún más los plazos.
Todos estos problemas llevaron a que en las pasadas elecciones generales sólo un 4,7% de los dos millones de españoles censados en el extranjero ejercieran su derecho al voto, tal y como recordó Jubera, que insistió, al igual que Bustinduy, en que «sólo la derogación de la ley podría ser incluso contraproducente» porque los problemas previos a la reforma mencionados anteriormente –la desactualización del censo electoral y los plazos insuficientes de envío y recepción de papeletas–, permanecerían.
«Una de las mayores estafas democráticas»
En esta misma línea, el diputado de Compromís Ignsai Candela, también presente en la comparecencia ante los medios, denunció que la reforma se puso en marcha por «motivos políticos», ya que no se pretendía otra cosa, a su juicio, que continuar «debilitando y vaciando» la democracia y, en concreto, «imposibilitar que miles de jóvenes exiliados por motivos económicos participaran activamente en política».
«Se trata de una de las mayores estafas democráticas de este país», dijo Candela, motivo por el que sea hace necesaria una reforma y dar visibilidad a las asociaciones de afectados, como el colectivo Marea Granate.
«Actuaciones de urgencia» si se repiten elecciones
Preguntados sobre las medidas que se podrían tomar al respecto de cara a la repetición de unas nuevas elecciones en junio, si las negociaciones para formar gobierno no tienen éxito, los impulsores de la comisión de investigación reconocieron que al tratarse de una ley orgánica, es necesario un amplio consenso.
No obstante, sí defendieron la posibilidad de desarrollar «actuaciones de urgencia» para solventar algunos problemas, como por ejemplo, el plazo de envío de papeletas, para que lleguen a tiempo, uno de los impedimentos que, según han denunciado, más encuentran los extranjeros a la hora de ejercer su derecho al voto.
