El cierre temporal de todos los CIE del Estado español marca un hito histórico: es la primera vez que sucede en sus 35 años de funcionamiento. La noticia ha sido recibida con mesura y alegría por los colectivos sociales que impulsan su clausura definitiva.
Dos solicitantes de asilo muestran los requerimiento antes de su presentación // Álvaro Minguito
La liberación de la última persona retenida en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras pone punto y final al plan de clausura temporal de estos espacios en todo el país. Un capítulo más de la distopía en que nos ha sumergido la pandemia del coronavirus, por primera vez en su historia, los centros están vacíos y cerrados.
Fue el 12 de marzo cuando la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE lo exigió atendiendo al potencial riesgo de contagio entre quienes estaban privadas de libertad. Lo imposible, solo tardó un poco más. En el medio quedan las recomendaciones de organismos europeos y Defensoría del Pueblo, pedidos de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, voces expertas en la defensa de los derechos humanos, colegios de la abogacía, familiares y, sobre todo, el reclamo de las propias víctimas, que se rebelaron contra la continuidad de un confinamiento que había perdido sentido: el cierre de fronteras quitó la legitimidad a un internamiento que la Ley solo prevé a efectos de garantizar la expulsión.
“Hoy es un día que no olvidaremos, como tampoco olvidamos la vulneración de los derechos humanos, ni las muertes, ni el trato indigno y vejatorio, ni las agresiones, ni las torturas”, manifestaron en un comunicado desde la Campaña, conscientes de que el cierre responde a una situación de excepción provocada por la Covid-19. “Por eso seguiremos luchando para que este cierre sea irreversible y hasta que consigamos convertirlo en definitivo, hasta que logremos vivir en un territorio libre de CIE”, aseguran.
“Es una gran victoria, pero totalmente temporal y aun así ha costado conseguirla. Hay muchas sensaciones encontradas”
El proceso de liberación comenzó el miércoles 19 de marzo en el CIE de Aluche, en Madrid. El defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, revelaba a la Asociación de Abogados de Extranjería que existía un plan para su vaciamiento y posterior cierre, una serie de medidas coordinadas que ya estaban en marcha.
Pese a la evidencia, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, insistía en que continuarían con las expulsiones e incluso el lunes 23 un vuelo de deportación a Mauritania fue suspendido a último momento por las quejas de un personal policial que exigía mascarilla, guantes y medidas de aislamiento que garantizaran su protección.
A finales de mes lo que se intentaba evitar, ocurrió. Dos personas de origen subsahariano recién llegadas en patera, comenzaron a tener síntomas de estar contagiadas. Las pruebas dieron positivo. Días antes había sido puesto en cuarentena uno de los enfermeros que trabajaba en el CIE de Barraco Seco y en un centro de salud de la zona, y en días posteriores, varios internos con síntomas fueron trasladados a un dispositivo especialmente abierto para la emergencia.
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Una alegría contenida
Diferentes voces han manifestado su satisfacción por el cierre del último CIE que quedaba abierto. “Verlos vacíos es una alegría enorme porque no hay ninguna persona encerrada por primera vez desde hace mucho tiempo y no olvidaremos fácil este día, sabemos lo que se sufre en estos centros, la precariedad de la vida de las personas que ahí hay, de lo poco que se cuidan y respetan sus derechos”, afirmó el portavoz de la organización murciana Convivir sin Racismo, Juan Guirado.
No obstante, advirtió que hay indicios de que quieren reactivar la actividad cuanto antes. “La jueza de control del CIE de Murcia ha hecho un auto de desescalada fijando qué condiciones debería reunir un centro en épocas de pandemia, cuando aún no están abiertas las fronteras. Estos despropósitos demuestran que algunos jueces están intentando legislar y regular cuando sabemos que es una aberración, que no se pueden mantener abiertos, que estos centros son vulneradores de derechos de personas”, reprochó.
La misma preocupación demostró la portavoz de Un Mundo en Movimiento, María Paramés Bernardo, que expresó su incredulidad ante los hechos. “No creí que lo fuésemos a vivir, la verdad. Teniendo a un PSOE en cabeza con semejante situación y a un portavoz de Interior como Enrique Santiago felicitando a Marlaska por su trabajo, era para no esperarlo”, admitió.
“Son muchos años de lucha y ha sido verdaderamente lamentable que las hayan tenido dentro siendo absolutamente inexpulsables. El dispositivo deportador sigue en marcha, el pacto de migraciones encima de la cabeza rondando dentro de nada, órdenes de expulsión que han venido haciendo dentro del covid-19. Es una gran victoria, pero totalmente temporal y aun así ha costado conseguirla. Hay muchas sensaciones encontradas”, reconoció.
Para Xavi Torregrosa de la Plataforma CIE No Valencia, es una alegría por varios motivos. “El primero porque son centros que causan sufrimiento y dolor, y el segundo porque el vaciamiento de todos los centros era algo esperado, que no se daba desde su apertura, a mediados de los años 80”, recordó.
“Han tardado más de 50 días en vaciarlos y estas personas no han podido cumplir con su cuarentena de manera segura e higiénica como las demás personas, aunque no olvidemos que hay personas fuera de ellos que tampoco tienen las condiciones de habitabilidad dignas para hacerlo. Seguiremos exigiendo el cierre definitivo y el fin del racismo institucional”, concluyó.
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