La Justicia

El Constitucional establece que no se pueden tratar las bajas por embarazo de riesgo y maternidad como cualquier otra licencia o permiso

  • Admite el recurso de una magistrada a la que le quitaron el complemento de destino de su nuevo puesto porque no tomó posesión al estar de baja por embarazo de riesgo

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El Ayuntamiento de Madrid pide a la justicia que vuelva a abrir la investigación sobre la venta de VPO a un fondo buitre

  • La EMVS se adhiere a la solicitud de reapertura presentada por los afectados por la venta de 1.860 pisos a Blackstone cuando Ana Botella era alcaldesa
  • La empresa municipal también se persona en las diligencias abiertas por el Tribunal de Cuentas para “dirimir la responsabilidad contable” del traspaso
  • La Fiscalía del tribunal calcula que el quebranto “ascendería a 2,3 millones respecto de lo que era el valor de mercado” por una “deficiente gestión”

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El Constitucional aprueba sin unanimidad la reforma para inhabilitar a cargos públicos

  • La votación se resolvió con ocho votos a favor y tres en contra. El Alto Tribunal matiza que estudiará “caso por caso”.
  • La suspensión, de producirse, no tendrá carácter penal.
  • Podrá suspender a los cargos públicos que desobedezcan sus decisiones, como podría ser el caso de Carme Forcadell, presidenta del Parlament.

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Los ‘hijos de’ copan los últimos nombramientos del Poder Judicial

  • El Consejo General del Poder Judicial elige al hijo de un vocal como jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial
  • Un hijastro del anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, fue designado en octubre letrado del Tribunal Supremo
  • La Unión Progresista de Fiscales ha recordado que el Consejo de Europa exige que los cargos se asignen “con criterios objetivos” y sin “injerencias de grupos o familiares”
  • +info relacionada, publico.es, 2-11-2016: Las asociaciones de jueces denuncian el “nepotismo” del CGPJ al nombrar a familiares para los altos cargos

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Decálogo del manifestante para esquivar la ‘ley Mordaza’

Existen unas pautas básicas que permiten al ciudadano asistir e informar de una protesta en la calle y evitar así problemas con ley de Seguridad Ciudadana de Rajoy

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La reforma legal del PP consigue el sobreseimiento definitivo de la investigación del asesinato de José Couso

  • La reforma, aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2014, acabó con la posibilidad de perseguir delitos internacionales contra españoles cometidos fuera de nuestro país
  • El Alto Tribunal califica de “lamentable” la “escasa” cooperación judicial prestada por Estados Unidos para el esclarecimiento de los hechos

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Los intentos del PP por desacreditar el caso Gürtel

  • El PP despreció las investigaciones durante la fase de instrucción, y cargó contra los jueces que llevaron el caso
  • Dirigentes del PP denunciaron una persecución contra el partido, situando a Rubalcaba como autor del “montaje”
  • Ahora, mientras propugnan el “quien la hace la paga”, intenta frenar el juicio pidiendo la anulación de las grabaciones a los cabecillas de Gürtel

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Asociaciones judiciales preguntan por los 306 millones recaudados con las tasas anuladas por el TC

  • Las tasas judiciales a personas jurídicas fueron anuladas el viernes por el Tribunal Constitucional
  • Recuerdan que Gallardón prometió dedicar lo percibido a mejorar la asistencia jurídica gratuita

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Un año de la ley mordaza: multas grotescas que alimentan el miedo a protestar

La plataforma Defender a quien defiende pone en marcha Malla, una herramienta web para registrar los casos de represión en toda España y visibilizar los efectos de su aplicación hasta lograr su derogación.

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Un Tribunal Supremo más conservador apuntala la reforma laboral

  • En los últimos meses el Alto Tribunal, hasta ahora muy crítico con la norma que aprobó el Gobierno de Rajoy, ha dictado sentencias que refuerzan las tesis de la reforma
  • Los cambios en la composición de sus miembros han alterado el equilibrio que existía entre conservadores y progresistas
  • Cuatro magistrados emiten un voto particular recurrente en el que advierten de que la nueva doctrina supone “un muy importante retroceso” en el control de los despidos y el “olvido de la propia jurisprudencia” de la Sala de lo Social

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Catalá elude las críticas de jueces y fiscales para aprobar su reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

  • Entrará en vigor en diciembre
  • Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá han conseguido en cuatro años algo impensable hasta sus respectivas llegadas al Ministerio de Justicia: poner de acuerdo en algún tema a la mayoría de jueces y fiscales. Pero no para respaldar su gestión, sino para criticarla y, en algunos casos, para descalificarla con contundencia.

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La negra mano legislativa de Rajoy

“El PP ha aprovechado para introducirnos todo su ideario y conformarnos un terreno propicio para el neoliberalismo más salvaje”, afirma la abogada

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El PP impone una reforma innecesaria que convierte al TC en un sargento del Ejecutivo

A once días de las elecciones catalanas, el partido en el Gobierno altera una institución básica del pacto de convivencia surgido con la Constitución de 1978

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Las peligrosas amistades del Supremo

“Habría que someter un poco a una crítica la participación en ese tipo de coloquios con esas esponsorizaciones”. Aunque en apariencia tímida, la respuesta del magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez al ser interrogado la pasada semana sobre la frecuente presencia de algunos de sus compañeros de corte en seminarios o conferencias patrocinados por bancos y grandes empresas tiene un punto de gallardía, porque pone el dedo en la llaga de un pequeño escándalo sobre el que la judicatura siempre ha corrido un tupido velo cómplice.

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Justicia universal, made in China

Como es conocido, el gobierno reformó, en solitario, la Ley Orgánica del Poder Judicial, para limitar la justicia universal, promovida a través de una proposición de ley, que se tramitó por urgencia y en lectura única —casi a traición y sin debate—, por lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tuvo ocasión de pronunciarse, como es preceptivo. Todo parece que la reforma vino por la presión de la China popular. Es la tendencia, incluso la política urbanística de Madrid es china.

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El aborto de clase y el proceso de Bobigni

La muger embarazada que para abortar emplee á sabiendas algunos de los medios espresados, y aborte efectivamente, sufrirá una reclusión de cuatro a ocho años. Pero si fuere soltera ó viuda no corrompida y de buena fama anterior, y resultare á juicio de los jueces de hecho que el único y principal móvil de la acción fue el de encubrir su fragilidad, se le impondrán solamente uno á cinco años de reclusión”.

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Indultados en democracia: el golpista Armada, el hermano del ministro y el torturador condecorado

MADRID // En 1870, gobernaba el general Prim y era regente el general Serrano; Benito Pérez Galdós escribía sus episodios nacionales; Cuba se revolvía ante la colonización española y el PSOE nacía en Casa Labra. Ese fue el año en el que se promulgó la ley que hoy en día legisla sobre los indultos de nuestro país. La muerte del militar golpista Alfonso Armada, uno de los ideólogos del 23-F, volvió a poner de actualidad no sólo la asonada, sino el indulto con el que el gobierno de Felipe González le favoreció. De los 30 años a los que fue condenado en 1983 tan sólo cumplió cinco, gracias al indulto que en 1988 firmaron Narcís Serra y el rey Juan Carlos.

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El derecho a la desobediencia civil

  • La historia de la humanidad está repleta de leyes injustas que fueron modificadas gracias a la presión social
  • ¿Cuestionaría alguien hoy las estrategias de desobediencia de Rosa Parks o de la resistencia judía contra los nazis?

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La renovación del Consejo General del Poder Judicial | La sucursal

Como muchos suponíamos, los partidos políticos —principalmente PP y PSOE— se han repartido, por cuotas y en elección parlamentaria, la tarta de los vocales en la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

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Nuevas formas de represión: de la modificación del Código Penal a la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana

Desde los orígenes del estado de derecho, las clases dirigentes han utilizado las leyes como herramientas de legitimación de la represión. Asimismo, en función de la estrategia político-criminal propia de cada gobierno y contexto político, hemos podido ver dos niveles de intensidad de la represión: la de alta intensidad, que se  materializa en detenciones y acusaciones penales, y la de baja intensidad o “burorrepresión”, que consiste en sanciones administrativas indiscriminadas y con poca fundamentación jurídica o democrática.

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