La política de migración y asilo de la Comisión Europea se acerca a los postulados de los países más reacios a la concesión de permisos a refugiados y solicitantes de asilo.
Moria, en la isla griega de Lesbos, tras el incendio que acabó con el campamento en el que vivían más de 12.000 personas // Pablo ‘Pampa’ Sainz
La propia Comisión Europea lo reconoce: “El actual sistema ya no funciona. Y, durante los últimos cinco años, la UE no ha sido capaz de arreglarlo”. Ante esta constatación, a mediodía del 23 de septiembre, la presidenta Ursula von der Leyen ha defendido un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo basado en “un reparto justo de responsabilidad y solidaridad” y que, como principal novedad sustituye el sistema de cuotas vigente y fallido por uno voluntario y destinado a hacer más difícil la permanencia en las fronteras de la UE de las personas refugiadas. Además, la Comisión se pone como tarea tener lista la reforma del convenio de Dublín antes de final de año, aunque no se ha aportado más información en ese sentido.
Con el pacto anunciado se pone en marcha un sistema de “contribuciones flexibles” destinadas a satisfacer a los distintos Estados en una política sensible de cara al electorado interior como es la migración y el sistema de asilo. De esta manera, sale victoriosa la tesis de los países del bloque de Visegrado (Polonia, Hungría y República Checa) que en 2015 se negaron a acoger refugiados y que en abril de este año fueron amonestados por el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir sus obligaciones en esta materia.
A partir de ahora, los países que no quieran acoger refugiados en sus fronteras, deberán ayudar a otros países, fundamentalmente los del Mediterráneo, en los procesos de expulsión de las personas que hayan visto rechazada su solicitud de asilo.
Asimismo, el plan es agilizar los procedimientos para la valoración de solicitudes, lo que puede suponer una vulneración del derecho a la asistencia jurídica establecido en la Convención de Ginebra.
Una de las obsesiones de la Comisión es incrementar el nivel de retornos de esas personas con su solicitud denegada, que actualmente están en torno a una de cada tres. “La prioridad del Pacto Migratorio no es ni la acogida ni los derechos humanos, sino las deportaciones y expulsiones, es decir, impedir las llegadas a toda costa en condiciones dignas y en plena posesión de derechos y garantías”, denuncia Miguel Urbán.
Solidaridad de pago
Aunque no ha formado parte del anuncio de von der Leyen, el medio inglés The Guardian publicaba esta mañana que Bruselas ofrecerá pagar 10.000 euros por cada refugiado acogido, una medida que vuelve después de que se anunciara en 2016 y en febrero de este mismo año. De momento, no ha trascendido más información sobre esta propuesta.
Las medidas anunciadas también se basan en el control militar de las fronteras por parte del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, dependiente del Frontex.
El acuerdo con terceros países seguirá siendo una de las guías de la política externa y, de hecho, el Pacto establece que el acceso al reparto de fondos procedentes del presupuesto de ayuda al desarrollo puede depender de la “colaboración” de estos terceros países a la hora de formar un tapón para la llegada a Europa de migrantes.
Oxfam denuncia que el presupuesto destinado a denegar la entrada de refugiados en Europa se detraerá del presupuesto de ayuda al desarrollo. Este dinero, añaden, “no debe invertirse en capacitación y apoyo para las fuerzas de seguridad y los guardias fronterizos, que a menudo sólo incrementan el riesgo para las personas migrantes y la población local”. Está presente el caso de Libia, un país en conflicto, y de otros países de tránsito en los que la situación de los migrantes es trágica.
Es un “auténtico Pacto de la Vergüenza” lo define el eurodiputado Miguel Urbán. “La propuesta ahonda en la política de vulneración de derechos de la que hemos sido testigos hasta ahora, entonces no supone una sorpresa, sin embargo, no por ello deja de ser más alarmante, preocupante e indignante”.
Marissa Ryan, directora de la oficina de Oxfam Intermón en la UE ha reaccionado al anuncio del nuevo pacto: “Las nuevas propuestas probablemente replicarán la aberrante situación que hemos presenciado durante años en los hotspots de la UE en Grecia”. Para la ONG es un error tratar de reformar el sistema actual basado en esos “puntos calientes” como Moria, en la isla griega de Lesbos, si no que se debe derogar para ofrecer un proceso de asilo justo a las personas refugiadas.
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“Es de especial gravedad que no cumpla con la promesa realizada por la propia Comisión de que no habrá más ‘Morias’”, ha valorado el diputado Ernest Urtasun, del del grupo Verdes/ALE. Al contrario, los países de la frontera sur —España, Italia y Grecia— serán los responsables de gestionar la entrada de solicitudes de asilo. Para su grupo, la nueva política de acogida debe basarse en la reubicación inmediata de las solicitantes de asilo.
Para Urbán “se institucionaliza el giro reaccionario, xenófobo y criminal de las políticas migratorias de la UE, esas políticas de Morias, CIEs, devoluciones en caliente, tarajales, externalización de fronteras y muertes en el Mediterráneo».
El Pacto anunciado hoy está destinado, según declaró un alto cargo de la Comisión al medio Politico, de Bruselas, a que los países más reacios a la puesta en marcha de un sistema obligatorio y solidario de cuotas “puedan cantar victoria”. En el caso español, concluye Urbán el gobierno “tendría que oponerse y vetar el acuerdo en el consejo apostando por un giro de 180 grados para acabar con esta necropolítica migratoria que tenemos en la Unión Europea”.
